Tras ser sancionados por incumplir una resolución judicial, los 35 diputados del Congreso de Yucatán aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que elimina la protección de la vida desde la fecundación y armoniza la legislación estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La modificación al artículo Primero de la Constitución local fue avalada sin debate ni posicionamientos de las distintas bancadas durante una sesión que se desarrolló de manera expedita. Con ello, quedó atrás una de las disposiciones que había generado mayor controversia jurídica y política en la entidad durante los últimos años.
El cambio ocurrió después de que una jueza federal impusiera multas de 26 mil 981 pesos a cada legislador, así como al director jurídico del Congreso, por no cumplir con la sentencia que ordenaba adecuar el marco constitucional estatal.
La nueva redacción mantiene el reconocimiento del derecho a la vida, pero elimina la referencia que establecía su protección desde el momento de la fecundación, disposición que había sido considerada inconstitucional por la SCJN.
Durante meses, la reforma permaneció estancada ante la resistencia de algunos grupos políticos y sectores conservadores, que argumentaban razones éticas y legales para mantener el texto vigente. Sin embargo, las sanciones económicas y los requerimientos judiciales terminaron por acelerar la votación.
Con la aprobación del dictamen, Yucatán acata finalmente la resolución federal y cierra un proceso que convirtió al Congreso local en el primero del país en recibir multas por desacatar una sentencia relacionada con la legislación sobre aborto.
