Alrededor de mil 300 familias de colonias del sur de Mérida se encuentran en situación de incertidumbre jurídica por la falta de títulos de propiedad de sus terrenos, por lo que habitantes de La Guadalupana, Plan de Ayala Sur y ejidos de San Antonio Xluch y Noc-A pidieron a autoridades federales avanzar en el proceso de regularización.
En rueda de prensa, los colonos señalaron que el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) mantiene detenido el procedimiento de expropiación y regularización de asentamientos humanos en una superficie aproximada de 74 hectáreas, lo que ha frenado la posibilidad de obtener certeza legal sobre sus viviendas.
De acuerdo con los habitantes, el conflicto se originó tras la intervención de un exfuncionario de la entonces Corett —hoy Insus—, identificado como Rafael Chan Castañeda, quien habría ofrecido servicios de regularización a los pobladores, cobrando recursos por dichos trámites sin que se concretara la escrituración de los predios.
Los afectados afirmaron que, tras ese proceso fallido, se presentaron denuncias ante instancias anticorrupción, sin que hasta el momento se haya informado sobre sanciones, por lo que consideran que el caso no ha sido esclarecido y presumen posibles omisiones en su atención.
Posteriormente, los ejidatarios solicitaron su incorporación al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), el cual fue avalado en asamblea en mayo de 2025; sin embargo, aseguran que desde entonces no se han realizado trabajos técnicos ni mediciones topográficas por parte del Insus.
Ante ello, los colonos exigieron que se inicien los procedimientos de medición y expropiación correspondientes, así como la entrega de información oficial sobre el avance del proceso de regularización y el supuesto procedimiento administrativo contra el exfuncionario señalado.
