La resolución que obliga al Congreso de Yucatán a modificar disposiciones constitucionales relacionadas con el derecho a la vida provocó la reacción de más de mil 200 organizaciones de distintas entidades del país, las cuales pidieron al gobernador Joaquín Díaz Mena defender la soberanía legislativa del estado ante las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El posicionamiento fue difundido mediante un desplegado nacional en el que asociaciones civiles, familiares y religiosas expresaron su rechazo a que el máximo tribunal intervenga en la definición de contenidos que corresponden al Poder Legislativo local. El pronunciamiento surge en un momento clave del proceso judicial derivado del Amparo en Revisión 274/2024.
Las agrupaciones sostienen que la discusión no sólo involucra el tema del aborto, sino también el alcance de las facultades de la Corte frente a los congresos estatales. Según el documento, ordenar cambios específicos a una constitución local representa un precedente que podría impactar la autonomía de las entidades federativas.
En el texto, los firmantes reiteran que el derecho a la vida debe permanecer protegido en el marco jurídico yucateco, al considerarlo un principio fundamental reconocido en diversas normas nacionales e instrumentos internacionales. Asimismo, señalaron que cualquier modificación debe ser resultado del debate legislativo y no de una instrucción judicial.
El desplegado reúne a organizaciones de estados como Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, entre otros. Entre ellas figuran agrupaciones dedicadas a la defensa de la familia, asociaciones provida, colectivos ciudadanos y organizaciones religiosas de alcance nacional.
La controversia se mantiene abierta debido a que los diputados locales enfrentan posibles sanciones económicas en caso de no cumplir con la resolución de la SCJN. El caso ha colocado a Yucatán en el centro de un debate nacional sobre la relación entre los poderes públicos y los límites de la intervención judicial en los procesos legislativos.
