La maestra es la primera mujer en dirigir la Codhey y realiza una evaluación de avances, retos y acciones que aplica para lograr sus objetivos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa, realiza un difícil giro en esta institución a dos años en el cargo, para que los quejosos reciban justicia restaurativa, revertir la percepción negativa de antaño y fortalecer entre los servidores públicos el respeto a la dignidad humana, que es el corazón de los derechos humanos.
La ventaja que tiene la abogada y maestra en Derechos Humanos para aterrizar este cambio de fondo en la Codhey es que conoce las raíces de esta institución, pues trabajó varios años en el área de difusión e investigación y ha ocupado cargos relevantes sobre la defensa de los derechos fundamentales de la población.
La maestra es la primera mujer en dirigir la Codhey y realiza una evaluación de avances, retos y acciones que aplica para lograr sus objetivos.
Lo primero que reconoce es que falta mucho trabajo por hacer para avanzar más en el respeto a los derechos humanos, que siempre habrá retos para superar porque Yucatán tiene una sociedad demandante, falta mayor capacitación a los agentes policíacos y servidores públicos en esta materia y falta dignificar los espacios de las detenciones, principalmente en los municipios del interior del estado.
El cambio que impulsa, según revela, también está presente en la emisión de recomendaciones porque estas no solo son bien fundamentadas para que sean aceptadas, sino que da seguimiento presencial en los espacios y ante las autoridades señaladas para verificar plenamente su cumplimiento.
Para ella no es simplemente acumular muchas recomendaciones y expedientes, sino que la autoridad señalada cumpla con las recomendaciones de la Codhey y sobre todo que la presunta víctima reciba la atención, justicia y servicio que merece.
Le consuela que Yucatán no tenga problemas serios de violaciones de derechos humanos, de violencia y de multimarchas de protesta como en otros estados del país, como Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, pero precisamente esos casos la incentivan para trabajar con mayor énfasis en el respeto de los derechos humanos en todos los niveles y sectores de la población.
“Aquí si bien todavía hay mucho que fortalecer, no estamos en la situación de otras comisiones del país”, reitera.
“Tenemos muchos retos, entre ellos el de fortalecer la cultura de la prevención, el respeto a los derechos humanos y la difusión porque sigue habiendo mucho desconocimiento sobre lo que puede dirimirse en la Codhey, qué no podemos hacer y hasta dónde podemos ayudar.
“Quisiera decir que no, la Codhey lleva más de 30 años, pero hay un desconocimiento sobre las funciones de la institución, no dimensionan todavía el canal de atención que tiene una comisión de derechos humanos”.
Méndez Correa considera que Yucatán del 1 al 10 está en un 7 en el respeto a los derechos humanos, “estamos bien en derechos humanos, pero podríamos estar mejor. Hay que seguir avanzando porque tenemos todavía muchos retos por vencer; por ejemplo el seguir capacitando a las personas servidoras públicas, principalmente a las que trabajan en la seguridad pública”, señala.
“Eso es un reto siempre. Quisiera decir que estoy mirando algo diferente a lo que miraba yo hace 20 años en que llegué a la comisión, pero la realidad es que seguimos teniendo ese gran reto de fortalecer la preparación de las personas y servidoras públicas, principalmente las que están al frente de las corporaciones estatales y municipales en general”.
“Es lo que nos toca hacer y es una obligación que tenemos como comisión de derechos humanos de abordar de manera continua la capacitación, capacitar todo el tiempo, todo el año, todos los años”, destaca.
“Yo creo que desde el inicio, cuando están en la academia para su formación, las personas que van a estar al frente de la seguridad pública deben recibir de lleno la materia en derechos humanos; sí estamos muy pendientes y sí hemos estado trabajando con la SSP, pero necesitamos fortalecer esa cercanía con las policías de los 106 municipios”, enfatizó.
La ombudsperson destaca que la Codhey recibe quejas que son recurrentes desde hace 10 años en Yucatán.
En primer lugar están las detenciones arbitrarias, que es el grueso de las quejas y no presenta variación. Le siguen ejercicio indebido de la función pública, lesiones y amenazas.
Esas son las principales causas de la emisión de recomendaciones y confiesa que esta tendencia es el reto más grande que enfrenta en su gestión.
“Cuando veamos que la tendencia ya se invirtió y las quejas ya están como más divididas o más dispersadas en otras instituciones, pues estaríamos hablando de que el trabajo ya avanzó mucho”, indica.
“Pero mientras sigamos viendo esa tendencia tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo para acercarnos a la profesionalización.
“Ya no sé si decir capacitación, porque hasta hace unas épocas yo escuchaba de capacitación, pero en realidad lo que necesitamos es profesionalizar, porque para el número de años que llevamos como instituciones defensoras de derechos humanos ya tendríamos que hablar de una profesionalización”.
Sin embargo, para ella es importante seguir la capacitación porque muchas veces las personas que entran a las policías municipales dejan el cargo a los 3 años y cuando avanzan un poco, viene el cambio de administración y vuelven al punto de inicio porque entran nuevas personas como policías.
