Burócratas que reportaron estas medidas indicaron que hasta ayer la molestia se traducía en una “rebelión silenciosa”, pero hay evidente inconformidad porque, según opinan, se está utilizando un falso argumento de austeridad cuando se conocen excesos en algunas dependencias, sobre todo de sus titulares.
Una disposición de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) ha generado fuerte inconformidad en trabajadores del gobierno del Estado.
Las medidas entrarán en vigor hoy 01 de septiembre y constituyen una “Política para implementar el control del impacto presupuestario en servicios personales” mediante un “ambiente controlado” hasta el cierre del ejercicio fiscal 2026.
En teoría, después de ese período llegará a su fin el “ambiente controlado”.
Trabajadores que fueron notificados con anticipación consideran que se trata de un golpe directo a sus bolsillos que frena el crecimiento de la base laboral, pues se congela el escalafón, se bloquean todas las promociones y bases, se prohíben pagos retroactivos y se ordena “trabajo gratis”, pues no habrá pagos adicionales al redistribuirse la carga de trabajo aunque eso implique más tiempo.
Uno de los puntos de mayor inconformidad radica en que estas disposiciones aplican únicamente del nivel de jefaturas hacia abajo.
“Quedan expresamente exentos de esta medida los movimientos de personal correspondientes a los niveles de direcciones, direcciones generales, subsecretarías y personas titulares de las dependencias o entidades”, indica el oficio PL-DRH-SIN-10 R00 firmado por Aimeé Alejandra Trujeque Ávila, titular de la Subsecretaría de Recursos Humanos de SAF.
“Eso no es austeridad, es un recorte ilegal al salario y al escalafón de los trabajadores que menos ganan”, manifestó uno de los afectados por las disposiciones.
De acuerdo con el citado oficio, el “ambiente controlado” tiene como objetivo un control financiero con la restricción temporal de los movimientos de personal “con impacto presupuestario del Poder Ejecutivo…”
En los casos ya declarados exentos todo seguirá normal.
Burócratas que reportaron estas medidas indicaron que hasta ayer la molestia se traducía en una “rebelión silenciosa”, pero hay evidente inconformidad porque, según opinan, se está utilizando un falso argumento de austeridad cuando se conocen excesos en algunas dependencias, sobre todo de sus titulares.
Un detalle que les llama la atención es que en el oficio de notificación se indica que “las presentes políticas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación y publicación”, pero ya estaban aprobadas cuando se elaboró el documento y no se sabe, al menos hasta ayer, de alguna publicación en el Diario Oficial del Estado.
Con base en el documento oficial, los informantes hacen notar lo siguiente:
El documento de la Subsecretaría de Recursos Humanos contiene las siguientes violaciones:
1) Congela el escalafón: En el punto 2.1 se establece que todas las plazas vacantes por renuncia, defunción, jubilación o rescisión quedan congeladas.
Si se jubila un sindicalizado, se elimina el derecho de ascenso del que sigue. Si fallece, se elimina la preferencia para su familia.
Esto, señalan los trabajadores, constituye una violación directa a la Ley Burocrática de Yucatán, como se conoce en los ámbitos jurídico y laboral a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. Citan específicamente los artículos que van del 43 al 55.
2) Se bloquean todas las promociones y bases: En los puntos 1.2 y 1.3 se dice que se inhabilitan en el sistema integral conocido como Sigey los módulos de altas, promociones, reingresos y recategorizaciones, aunque haya dinero presupuestado.
Esto afecta a personal de base, confianza y asimilados a salarios. Deja sin posibilidad de basificación a quienes llevan años por honorarios, dicen las fuentes.
3) Se cancelan trámites y se prohíbe pago retroactivo: De acuerdo con los puntos 1.4 y 1.6, todo trámite no concluido al 31 de agosto será cancelado sin excepción y se prohíbe diferir notificaciones para generar retroactivo. Si alguien trabajó cuatro meses con un nivel superior, no se lo pagarán.
4) Se ordena “trabajo gratis”: En el punto 2.2 se indica: “El superior redistribuirá las funciones mediante encargo a personal en activo, sin que esto genere derecho a compensación económica adicional”.
Es decir, un trabajador hará el trabajo de dos o tres plazas durante cuatro meses sin un peso extra, lo cual es una violación constitucional y del principio de “a trabajo igual, salario igual”.
5) Nombramientos nulos y castigo al funcionario: Los puntos 4.1 y 4.2 disponen que cualquier ascenso otorgado fuera de esta política será nulo y el pago saldrá de la bolsa del funcionario que firmó, no del erario.
Se considera esto una medida “para meter miedo”.
6) Castigo presupuestal a quien sí cumpla la ley: En el punto 4.4 se indica que si una dependencia respeta el contrato colectivo y otorga el ascenso que por derecho corresponde, la SAF le suspenderá y retendrá su presupuesto.
7) La austeridad es solo para la base: El documento precisa que estas medidas aplican exclusivamente a niveles de Jefatura de Departamento hacia abajo. Esto afecta a los trabajadores que menos ganan.
