Reconoce una jueza federal el acatamiento del fallo para la despenalización del aborto y determina que no deben pagar la multa.
Las y los integrantes de la Legislatura local y el director jurídico del Congreso, Miguel Ceballos Quintal, fueron sancionados con una multa de 26 mil 981 pesos cada uno por el retraso en dar cumplimiento a una sentencia derivada de un juicio de amparo relacionado con la despenalización del aborto.
Luego de que un juzgado federal determinó dejar sin efectos la sanción al considerar que el Poder Legislativo finalmente acató la resolución judicial, los y las diputadas ya no se ven obligados a pagar dicha multa.
Mediante un oficio dirigido al Congreso del Estado, la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, resolvió cancelar la ejecución de las multas al concluir que desapareció la causa que motivó su imposición, una vez que los legisladores aprobaron la reforma constitucional ordenada por la autoridad judicial.
En el documento, la juzgadora explicó que las multas constituyen medidas de apremio previstas en la Ley de Amparo para obligar a las autoridades responsables a cumplir las resoluciones emitidas por los jueces federales. Añadió que su finalidad no es recaudatoria, sino garantizar la ejecución efectiva de las sentencias cuando existe demora o una resistencia a cumplir por parte de las autoridades.
La sanción había sido impuesta debido a que el Congreso no había modificado oportunamente el Artículo Primero de la Constitución Política del Estado, el cual establecía la protección de la vida desde la fecundación, disposición considerada incompatible con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 22 de junio, durante un período extraordinario de sesiones, el Congreso aprobó por unanimidad la reforma constitucional que eliminó esa disposición y dio cumplimiento al mandato judicial, con lo que Yucatán concretó la despenalización del aborto.
A partir de esa reforma, la jueza estimó que ya no existían elementos para mantener vigente la sanción económica, al quedar subsanado el incumplimiento que dio origen al procedimiento
Antes de conocerse esta resolución, todos los grupos parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano, habían promovido recursos legales para impugnar las multas y evitar su pago. Con la decisión judicial, dichos procedimientos quedan sin materia.
La resolución pone fin al proceso sancionador relacionado con el cumplimiento del fallo federal y cierra uno de los capítulos derivados de la reforma constitucional que armonizó la legislación yucateca con los criterios emitidos por la Suprema Corte en materia de derechos reproductivos.
