Afectados aseguran que ni autoridades ni la empresa Engie se han acercado para atender sus demandas y reclaman transparencia sobre el plan anunciado por el Gobierno del Estado.
Habitantes del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, acudieron a las instalaciones de la Agencia de Energía de Yucatán para entregar un oficio en el que solicitan información clara y veraz sobre el Plan de Acción Integral anunciado por el Gobierno del Estado para atender las afectaciones derivadas de la operación del booster de gas natural Mayakan.
Los vecinos señalaron que, pese a que recientemente el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, informó que la empresa Engie analiza la compra de las viviendas ubicadas en la franja colindante con la instalación, hasta el momento no han recibido ningún acercamiento formal por parte de la empresa ni de las autoridades.
Los afectados afirmaron que desconocen cómo se llevaría a cabo un eventual proceso de compra-venta de sus viviendas y reiteraron que han solicitado en diversas ocasiones el dictamen de riesgo elaborado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), documento que, aseguran, aún no les ha sido entregado.
Asimismo, señalaron que la intención de adquirir las viviendas nunca les fue comunicada directamente y que se enteraron de esa posibilidad a través de publicaciones periodísticas, en las que se informó que serían 33 las viviendas incluidas en las negociaciones.
Los vecinos manifestaron su preocupación porque la propuesta planteada no representa una reubicación, sino únicamente la liquidación de los créditos hipotecarios, lo que, consideran, no garantiza que puedan adquirir una nueva vivienda.
“Queremos que nos contextualicen adecuadamente a todos los vecinos que vivimos junto a la línea del booster, así como a quienes habitan en la cuarta etapa, que corresponde a la zona de amortiguamiento donde no debieron construirse las viviendas. Queremos saber con base en qué criterios se determinó que solo una franja de casas será considerada”, expresó Jenny Ek, vecina del fraccionamiento.
Los habitantes insistieron en que ninguna autoridad estatal ni representantes de Engie han establecido un diálogo con las familias afectadas para avanzar en una solución.
Indicaron que muchas de las viviendas de la cuarta etapa fueron adquiridas por montos superiores a los 700 mil pesos y que, debido al incremento en su valor con el paso del tiempo, requieren conocer si una eventual compensación cubriría realmente el costo actual de sus propiedades.
“Pedimos una explicación de qué está pasando y que las autoridades se pongan en nuestros zapatos, porque vivimos sin certeza”, añadió Jenny Ek.
Los vecinos también recordaron que continúa pendiente la entrega de los resultados de los dictámenes realizados por la ASEA al booster de gas natural, los cuales, según les han informado, ya fueron concluidos, aunque aún no han sido dados a conocer a la comunidad.
Asimismo, solicitaron que las soluciones sean personalizadas, al considerar que cada familia enfrenta circunstancias y necesidades distintas que deben ser tomadas en cuenta.
Finalmente, aseguraron que desde que la estación comenzó a operar, hace aproximadamente un mes, se han intensificado los niveles de ruido desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. También reportan vibraciones en puertas y ventanas, malos olores y la presencia de emisiones visibles provenientes de la planta, situaciones que, afirman, no han sido explicadas por las autoridades ni por la empresa.
