La Procuraduría Agraria destacó que estos espacios han acercado asesoría jurídica y justicia a los ejidos, además de impulsar una mayor participación de las mujeres en la vida agraria.
La Procuraduría Agraria en Yucatán busca ampliar de 23 a 30 el número de Centros de Atención Agraria (CDAA) que operan en el estado, luego de los resultados obtenidos durante su primer año de funcionamiento.
Durante el Primer Encuentro Estatal de Centros de Atención Agraria, realizado el 2 de julio, la representante de la dependencia en Yucatán, María de Lourdes Hernández Domínguez, informó que estos espacios han permitido llevar asesoría jurídica, conciliación de conflictos y diversos servicios institucionales directamente a los ejidos, evitando que los habitantes tengan que trasladarse hasta Mérida para realizar sus trámites.
“La Procuraduría Agraria tiene una misión de trabajar en territorio y no detrás de los escritorios”, afirmó la funcionaria.
Explicó que los centros funcionan como un enlace entre los núcleos agrarios, los comisariados ejidales y las dependencias de los tres órdenes de gobierno, facilitando la atención de las necesidades de las comunidades rurales.
Además de brindar asesoría legal, los CDAA han impulsado proyectos productivos y la conformación de sociedades cooperativas, especialmente integradas por mujeres, mediante el acompañamiento en su constitución legal y registro ante las autoridades correspondientes.
Hernández Domínguez explicó que el encuentro tuvo como objetivo evaluar los resultados del primer año de operación de los centros, presentar un informe de actividades y recoger las propuestas de los comisarios ejidales para fortalecer su funcionamiento.
Entre los principales logros destacó la realización de jornadas de justicia itinerante en coordinación con el Tribunal Unitario Agrario, mediante las cuales se ofrece representación legal gratuita y se acercan los servicios de impartición de justicia a comunidades que históricamente enfrentaban dificultades para acceder a ellos.
Mayor participación de las mujeres
Uno de los ejes prioritarios de esta estrategia ha sido ampliar el acceso de las mujeres a los derechos agrarios.
La representante de la Procuraduría Agraria señaló que Yucatán ocupa uno de los últimos lugares del país en participación femenina dentro de los ejidos, ya que las mujeres representan apenas alrededor del 3 % de las personas ejidatarias.
Explicó que, mediante acciones jurídicas, muchas mujeres pueden obtener el reconocimiento formal como ejidatarias, lo que les permite ejercer plenamente su derecho a voz y voto en las asambleas.
También indicó que factores como las labores de cuidado y el trabajo doméstico limitan la participación de las mujeres en la vida comunitaria.
“Hemos detectado que muchas mujeres no participan porque son quienes cuidan a sus familias, preparan los alimentos y atienden a sus hijos, lo que reduce el tiempo disponible para asistir a las asambleas o realizar gestiones ante las instituciones”, señaló.
A ello se suma que, en numerosos ejidos, los integrantes de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia desempeñan sus funciones sin recibir remuneración, por lo que deben cubrir con recursos propios los gastos derivados de su representación, situación que también desincentiva la participación femenina.
Durante la inauguración del encuentro, Hernández Domínguez afirmó que el nuevo modelo de atención busca fortalecer la presencia institucional en las comunidades rurales.
“Hoy podemos afirmar que los Centros de Atención Agraria han contribuido a fortalecer la presencia institucional en el territorio y a atender núcleos agrarios que históricamente enfrentaban dificultades para acceder a los servicios agrarios”, expresó.
Al encuentro asistieron representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Aplicadas (INNA), además de comisarios ejidales de las comunidades donde actualmente operan los Centros de Atención Agraria.
