La Diputación Permanente también dio inicio al proceso de consulta dirigido a personas con discapacidad para validar reformas en materia laboral y notarial.
Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, realizada el pasado 1 de julio, se dio lectura al oficio mediante el cual José Jacinto Sosa Novelo formalizó su renuncia irrevocable como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).
En el documento, fechado el 19 de junio, Sosa Novelo señaló que su dimisión fue presentada “en ejercicio de mi libre voluntad” y agradeció la confianza que le fue otorgada durante el tiempo que encabezó el organismo.
Asimismo, solicitó al Congreso del Estado realizar las actuaciones correspondientes y turnar el asunto al órgano legislativo competente para los efectos constitucionales y legales.
En la misma sesión, la comisión presidida por la diputada Naomi Peniche López dio entrada al protocolo para llevar a cabo una consulta dirigida a personas con discapacidad respecto a reformas legales en materia laboral y notarial. El documento fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como de Salud y Seguridad Social.
El objetivo de este mecanismo es garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas antes de la aprobación de reformas que puedan afectar sus derechos o su esfera jurídica, en cumplimiento de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El protocolo busca subsanar las omisiones cometidas en legislaturas anteriores, luego de que la Corte invalidó diversas reformas aprobadas en 2021 y 2022 por no haberse realizado una consulta previa a este sector de la población.
Uno de los casos corresponde a modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las cuales establecían condiciones laborales especiales para servidores públicos con discapacidad, como restricciones al trabajo nocturno y medidas de protección durante emergencias o desastres.
El segundo caso se refiere a reformas a la Ley del Notariado del Estado, encaminadas a garantizar que las personas con discapacidad contaran con los apoyos necesarios para brindar certeza jurídica a los actos realizados en las notarías.
De acuerdo con lo informado durante la sesión, la consulta deberá cumplir con los principios de ser previa, pública, abierta, accesible, informada, significativa y con participación efectiva de las personas con discapacidad, con el propósito de otorgar legitimidad constitucional a las futuras reformas.
