El intento de cerrar el acceso tradicional a Chichén Itzá detonó una nueva confrontación entre autoridades y habitantes de Pisté, comunidad maya que acusa afectaciones económicas por el traslado de visitantes al nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi).
La tensión aumentó luego de que personal colocara rejas y vallas en el antiguo parador turístico mientras aún se realizaban negociaciones con artesanos y prestadores de servicios inconformes con el cambio de ingreso al sitio arqueológico.
La decisión provocó que pobladores abandonaran la mesa de diálogo y acudieran durante la noche al acceso comunitario para retirar las estructuras instaladas. Horas después, los habitantes mantenían control del área y exigían frenar cualquier intento de cierre definitivo.
Para los inconformes, el nuevo esquema turístico desplaza la actividad económica que durante décadas sostuvo a familias de Pisté, ya que el Catvi se ubica a mayor distancia del punto donde tradicionalmente operaban comerciantes, artesanos y guías locales.
En medio del conflicto, autoridades anunciaron el cierre temporal de la zona arqueológica bajo el argumento de labores de mantenimiento; sin embargo, representantes comunitarios sostuvieron que la medida estuvo relacionada con las protestas y la presencia de manifestantes.
A pesar de las diferencias, integrantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté insistieron en mantener movilizaciones pacíficas y afirmaron que no buscan afectar a los visitantes ni al turismo en la región.
La comunidad también reclamó que acuerdos previamente planteados ante autoridades estatales y federales no han sido respetados, especialmente aquellos relacionados con la permanencia de artesanos y el funcionamiento del antiguo parador comunitario.
Tras una jornada marcada por protestas y negociaciones, representantes del pueblo maya sostuvieron una reunión de emergencia con funcionarios para intentar alcanzar acuerdos y reducir la tensión en torno al acceso a Chichén Itzá.
