La creación de una Junta Directiva con facultades sobre la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) provocó acusaciones de violación constitucional y concentración de poder tras la aprobación de reformas a la Ley de Transporte estatal en el Congreso local.
Con los votos de Morena y el Partido del Trabajo, se avaló una iniciativa promovida por el gobernador Joaquín Díaz Mena que establece un órgano integrado por cinco personas: tres designadas por el Poder Ejecutivo y dos por el Legislativo, quienes podrán intervenir en la toma de decisiones de la ATY.
Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que las modificaciones eliminan en los hechos la autonomía técnica, presupuestal y de gestión reconocida constitucionalmente a la Agencia de Transporte.
El panista Roger Torres advirtió que mediante una ley secundaria se impuso una nueva estructura interna al organismo autónomo y se colocó al gobierno estatal y al Congreso por encima de su titular.
En el mismo sentido, el priista Gaspar Quintal criticó que la reforma fuera aprobada sin parlamento abierto ni consulta con especialistas, usuarios, concesionarios o representantes del sistema de transporte público.
Por su parte, Javier Osante, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que se reformaron más de 70 artículos sin análisis suficiente y acusó que el objetivo es recuperar el control político y administrativo del transporte público.
Desde Morena, los diputados Alejandro Cuevas y Francisco Rosas defendieron la iniciativa al asegurar que busca corregir irregularidades financieras y operativas heredadas en el sistema Va y Ven e Ie-tram.
Cuevas afirmó que la administración anterior dejó contratos desventajosos, rutas ineficientes y un sistema financieramente insostenible, mientras que Rosas aseguró que las reformas permitirán construir un modelo de transporte más accesible, eficiente y sostenible.
