El caso de Chemax, donde un hombre fue golpeado e incendiado, volvió a exhibir los vacíos legales de Yucatán frente a los linchamientos: no existe un protocolo específico para que las autoridades intervengan ante una agresión colectiva ni un delito autónomo para procesar estos hechos.
El planteamiento fue realizado por Francisco José Parra Lara, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quien analizó las implicaciones jurídicas del caso y lo comparó con el ocurrido en Tekit en enero de 2025, donde un hombre murió después de ser golpeado e incendiado.
En Chemax, el hombre sobrevivió al ataque y fue trasladado al Hospital General de Valladolid. Los primeros reportes médicos señalaron quemaduras en aproximadamente 10 por ciento del cuerpo y traumatismo craneoencefálico moderado. La Policía Municipal reportó la detención de José “N” y Carlos “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
El antecedente de Tekit dejó un proceso penal por homicidio calificado cometido en pandilla. Cinco personas fueron vinculadas inicialmente y dos de ellas recibieron posteriormente una sentencia de 18 años de prisión mediante procedimiento abreviado.
De acuerdo con Parra Lara, la ausencia de un protocolo dificulta establecer cómo deben actuar y coordinarse las policías municipales, estatales y demás autoridades cuando una multitud amenaza con agredir a una persona. También permitiría determinar posteriormente si los servidores públicos actuaron conforme a sus obligaciones o incurrieron en omisiones.
El especialista señaló además la dificultad de individualizar responsabilidades cuando numerosas personas intervienen en una agresión colectiva. Por ello, planteó discutir tanto la creación de reglas específicas para la intervención de las autoridades como posibles cambios a la legislación estatal para definir el tratamiento jurídico de estos casos.
