La expansión de una granja avícola vuelve a encender la preocupación ambiental en Kinchil. Habitantes de la comunidad señalan que una empresa instaló seis nuevas naves cerca de la zona arqueológica de Tzemé y cuestionan el destino de los residuos generados por la actividad, ante el posible impacto en la selva, el agua y la producción de miel.
El caso tiene un antecedente que mantiene en alerta a la población. En noviembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió temporalmente trabajos de ampliación luego de detectar un cambio ilegal de uso de suelo y daños en 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia.
Ahora, integrantes del consejo comunitario sostienen que el crecimiento de la infraestructura continúa y que recientemente observaron camiones descargando en terrenos de la zona material que identifican como excretas de aves. Aseguran que también han aparecido nuevos puntos de disposición de residuos a cielo abierto.
La preocupación se extiende a los recursos hídricos de la región. Los habitantes advierten que los sitios señalados se encuentran en una zona con cenotes y pozos, por lo que consideran necesario determinar si existe algún riesgo de contaminación y qué medidas se están tomando para evitarlo.
Los productores de miel también reportan afectaciones. Modesta Canul, integrante del consejo comunitario y apicultora, señaló que la producción ha disminuido y atribuyó parte de la preocupación al mal olor y a la presencia de moscas asociada al manejo de los desechos. Para la comunidad, cualquier alteración en el entorno puede repercutir en las abejas y en la actividad apícola.
El conflicto involucra además un componente de patrimonio cultural, debido a la cercanía de las instalaciones con Tzemé, sitio arqueológico maya. Los habitantes consideran que el crecimiento de la granja debe revisarse no solo por sus efectos ambientales, sino también por las condiciones en que se realizan las nuevas obras en un territorio con valor histórico.
Por ello, el consejo comunitario solicita que las autoridades competentes regresen a la zona y determinen qué autorizaciones existen para las nuevas construcciones, cuál es la situación actual de los trabajos y si la disposición de residuos se realiza conforme a la normativa ambiental.
La comunidad sostiene que, después de la clausura realizada el año pasado, persisten interrogantes sobre el cumplimiento de las medidas ambientales y el crecimiento de la operación. Ahora busca que una nueva revisión oficial establezca con claridad qué está ocurriendo y qué acciones deben tomarse para evitar mayores afectaciones.
