La multa de 26 mil 981 pesos que enfrentaba cada integrante del Congreso de Yucatán por incumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó sin efecto, luego de que una jueza federal determinó que la obligación pendiente ya fue atendida por el Poder Legislativo estatal.
La sanción había sido impuesta como medida de apremio ante el retraso del Congreso para modificar el Artículo Primero de la Constitución de Yucatán, disposición que establecía la protección de la vida desde la fecundación y que fue señalada por la SCJN como contraria a los derechos de las mujeres y personas gestantes.
A través de un oficio, la jueza del Tercer Distrito Federal en Yucatán, Mercedes del Sol Hernández Cetina, informó que la ejecución de la multa quedó cancelada al considerar que la causa que originó la sanción fue subsanada con la aprobación de la reforma constitucional.
La medida también había alcanzado al director jurídico del Congreso, Miguel Ceballos Quintal. Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que ya no era necesario continuar con el cobro debido al cumplimiento de la sentencia de amparo.
El Congreso estatal aprobó la modificación durante una sesión extraordinaria realizada el pasado 22 de junio, con lo que Yucatán avanzó en la despenalización del aborto en todo su territorio, conforme al mandato emitido por la SCJN.
La jueza señaló además que no encontró elementos para considerar que existió mala fe en la omisión del Poder Legislativo. Con esta resolución también quedaron sin materia los recursos promovidos por algunos diputados para impugnar la sanción económica.
