Dos megaproyectos solares fotovoltaicos previstos para el sur de Yucatán quedaron sin efectos tras una resolución judicial que dio la razón a comunidades mayas, en un caso que se prolongó durante siete años y que derivó en la cancelación de permisos ambientales y de cambio de uso de suelo.
La determinación beneficia a habitantes de San José Tipceh y Planchac, quienes desde 2019 iniciaron acciones legales contra los proyectos Ticul A y Ticul B, contemplados para los municipios de Muna, Sacalum y Ticul, y que incluían la instalación de más de 1.1 millones de paneles solares sobre una amplia superficie de selva.
El conflicto jurídico derivó en la intervención del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que acompañó a las comunidades y señaló irregularidades en la evaluación de impacto ambiental, al advertir que los efectos fueron analizados de forma fragmentada y no integral.
De acuerdo con los señalamientos del organismo, los proyectos implicaban la remoción de 603 hectáreas de vegetación, además de posibles impactos en la biodiversidad, afectaciones a polinizadores, alteraciones en el acuífero, incremento de temperatura local, generación de residuos peligrosos y restricciones al acceso al territorio, con repercusiones también en elementos culturales mayas.
Como parte del proceso, en 2023 un Tribunal Colegiado ordenó la suspensión de los permisos, lo que impidió el inicio de obras, mientras que en noviembre de 2025 se emitió una sentencia definitiva que concedió el amparo a las comunidades y ordenó dejar sin efectos las autorizaciones ambientales.
Posteriormente, la autoridad ambiental federal confirmó la cancelación de los permisos en abril pasado, consolidando así la detención definitiva de los proyectos y estableciendo un precedente en materia de defensa del territorio y participación de comunidades indígenas en decisiones sobre infraestructura energética.
