Tribunal Colegiado confirma la anulación de permisos del proyecto y ordena garantizar procesos de información y participación ciudadana antes de cualquier reactivación.
“Esto es una victoria ciudadana”, así lo manifestaron integrantes del colectivo Defensores de San Damián tras obtener una resolución definitiva a su favor en la disputa por la instalación de una red de distribución de gas natural en la zona.
Después de casi cinco años de litigio, un Tribunal Colegiado confirmó las sentencias de amparo promovidas por vecinos y determinó que cualquier intento de reactivar el proyecto deberá estar precedido por procesos de información y participación ciudadana.
La decisión judicial deja sin efectos los permisos que autorizaban la obra impulsada por la empresa Tractebel GNP, y mantiene suspendidos los trabajos hasta que las autoridades competentes cumplan con los mecanismos de consulta ordenados por los tribunales.
Para el colectivo, tras cinco años de lucha, la resolución representa una victoria al reconocer el derecho de las comunidades a conocer, analizar y participar en decisiones relacionadas con proyectos que pueden impactar directamente su entorno.
Durante una conferencia de prensa, Miguel Anguas, integrante de Kanan Derechos Humanos, explicó que el proceso legal tuvo sus primeros resultados favorables en 2022 y 2023, cuando jueces federales resolvieron que las autoridades debían detener el proyecto y generar espacios de información pública para que los habitantes conocieran sus alcances, características y posibles riesgos.
Sin embargo, tanto la empresa involucrada como algunas autoridades promovieron recursos legales para intentar revertir dichas resoluciones, lo que llevó el caso a instancias superiores.
La revisión concluyó en mayo de 2026 con una sentencia firme que confirmó los criterios establecidos previamente por los juzgados federales. “Hoy existe una sentencia firme que deja sin efecto los permisos para implementar el proyecto y obliga a desarrollar un proceso de participación pública”, señaló Anguas.
El origen de la controversia se remonta a 2021, cuando vecinos detectaron excavaciones y trabajos de construcción en diversas calles de la colonia sin que existiera información clara sobre la naturaleza de la obra.
“Preguntábamos y nos daban respuestas diferentes: algunos decían que era agua potable, otros que electricidad. Investigando descubrimos que se trataba de un proyecto para instalar gas natural”, relató un vecino.
A partir de ese momento, cerca de un centenar de habitantes comenzó a organizarse para solicitar información oficial, analizar la documentación disponible y emprender acciones legales para detener los trabajos.
Durante el litigio también señalaron presuntas inconsistencias entre los permisos otorgados y las obras ejecutadas en campo, además de cuestionar la supervisión de las autoridades encargadas de regular este tipo de proyectos de infraestructura urbana.
Para los integrantes del movimiento vecinal, el caso de San Damián refleja una problemática recurrente en el crecimiento urbano de Mérida: el inicio de obras sin que las comunidades reciban información suficiente sobre sus alcances o posibles afectaciones.
Por ello, consideran que la resolución judicial podría convertirse en un precedente relevante para otras colonias donde han surgido inquietudes por proyectos similares, entre ellas Gran Calzada, Pensiones y Francisco de Montejo.
Los habitantes hicieron un llamado a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida para que acate la resolución judicial y active los mecanismos de información y participación ciudadana ordenados por los tribunales. Aseguraron que, más allá del resultado específico del proyecto de gas natural, la sentencia fortalece el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones que impactan su entorno.
“Lo que demuestra este caso es que la ciudadanía puede organizarse y exigir que se respeten sus derechos”, concluyeron los vecinos.
