Hasta 4 mil 300 pesos por metro cuadrado llegan a costar algunos de los llamados “lotes premium” que se comercializan en Yucatán, un negocio que ha crecido bajo promesas de plusvalía. De acuerdo con una investigación, Grupo Foret comercializó alrededor de 10 mil predios entre 2020 y 2024 en distintos puntos del estado.
El crecimiento de este mercado ha encendido alertas entre organismos del sector inmobiliario, debido a que parte de los terrenos ofertados carece de servicios, urbanización o permisos necesarios para desarrollar proyectos habitacionales.
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida han advertido que la compra de estos terrenos puede representar un riesgo para las familias cuando las condiciones ofrecidas en la publicidad no corresponden con la situación real del predio.
El presidente de Canadevi Yucatán, Mauricio Morales Greene, señaló que el llamado “lote de inversión” puede constituir un fraude inmobiliario cuando se comercializa sin cumplir con las disposiciones legales y ambientales.
La problemática se extiende a terrenos rústicos y agrícolas que son fraccionados y vendidos sin urbanización primaria, con accesos de terracería y sin infraestructura de agua potable, electricidad, drenaje o alumbrado público.
La especulación también ha provocado un incremento de hasta 100 por ciento en el precio de la tierra en la región, según cifras difundidas por el sector. Incluso, algunos terrenos yucatecos son promocionados en Estados Unidos con precios de hasta 240 dólares por metro cuadrado.
Uno de los casos que evidencia los riesgos de este modelo se encuentra en Seyé, donde una pareja fue vinculada a proceso por presunto fraude tras comercializar predios de un supuesto desarrollo residencial. Según la Fiscalía General del Estado, los compradores celebraron contratos y entregaron dinero, pese a que los imputados presuntamente no tenían intención de realizar la lotificación.
En Tizimín, autoridades detectaron otro proyecto promocionado en redes sociales con calles, electricidad y agua potable, aunque no contaba con autorización ambiental. Los terrenos de 160 metros cuadrados eran ofrecidos desde 288 mil pesos.
El impacto de estas prácticas también alcanza zonas ambientales. En Chelem, Progreso, la Profepa detectó el desmonte y quema de vegetación de manglar en un predio que había sido lotificado para asentamientos irregulares, sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Ante este panorama, Canadevi recomendó a los compradores verificar antes de entregar cualquier anticipo las licencias municipales, el uso de suelo, las autorizaciones ambientales, la situación jurídica del predio y los contratos de adhesión registrados ante la Profeco.
La oferta de terrenos como una inversión accesible puede resultar atractiva en un mercado donde la tierra aumenta de valor, pero sin permisos, servicios y certeza jurídica, el supuesto patrimonio puede convertirse en un terreno que no pueda desarrollarse ni ofrecer la plusvalía prometida.
