Ya no existirá en el Código Penal el delito que vulneraba derechos y promovía estigmas.
El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad el dictamen que deroga el delito de peligro de contagio del Código Penal estatal, con lo que deja de criminalizar a las personas que viven con VIH por su condición de salud, además de modificar la legislación estatal en materia de prevención y control del VIH y de no discriminación para fortalecer sus derechos y combatir el estigma.
La reforma integró propuestas de las bancadas de Morena, PRI y PAN, así como aportaciones de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que durante años han impulsado cambios legales para eliminar la discriminación hacia quienes viven con VIH.
Uno de los posicionamientos a favor fue el de la diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, quien desde tribuna defendió que vivir con VIH no es un delito y nunca debe ser motivo de discriminación.
Rosales Montiel señaló que mantener figuras como el delito de peligro de contagio alimenta el estigma y los prejuicios y puede convertirse en una barrera para la prevención, la detección y la atención de la salud, por lo que consideró que las leyes deben dejar de reproducir el miedo hacia quienes viven con VIH y garantizar que puedan acceder a información, diagnóstico y tratamiento sin temor a ser señalados.
“Esto no se trata de dejar de proteger a la sociedad, se trata de protegerla de una manera más humana y con perspectiva de derechos humanos”, afirmó la legisladora.
Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, Itzel Falla Uribe, advirtió que la aprobación del dictamen no debe ser el punto final, pues ahora corresponde garantizar que las personas encuentren medicamentos, atención médica, privacidad y continuidad en sus tratamientos, al recordar que durante este año se han denunciado problemas con el abasto de antirretrovirales y dificultades para acceder a servicios de salud.
“Los derechos se garantizan con presupuesto”, sostuvo la legisladora, quien llamó a vigilar que las obligaciones establecidas en la reforma sean consideradas en el presupuesto de egresos de 2027 y se traduzcan en medicamentos disponibles, personal suficiente y tratamientos que no sean interrumpidos.
Por otro lado, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, destacó que las modificaciones buscan garantizar que las personas que viven con VIH reciban atención médica sin prejuicios, confidencialidad sobre su diagnóstico, oportunidades laborales y trato digno, además de señalar que cualquier responsabilidad penal debe sustentarse en una conducta debidamente acreditada y no en la condición de salud de una persona.
“La derogación del delito de peligro de contagio debe ser congruente con las demás disposiciones del decreto”, sostuvo.
El diputado de Morena, Bayardo Ojeda Marrufo, recordó la estigmatización que durante décadas enfrentaron las personas homosexuales por su asociación con el VIH y el sida y compartió una experiencia personal para mostrar el desconocimiento que existía sobre las formas de transmisión.
“Durante más de 40 años se nos estigmatizó de que por ser homosexuales ya teníamos el VIH o el sida”, relató Ojeda Marrufo, quien destacó que la reforma representa un avance para dejar de asociar el VIH con una orientación sexual y recordó que cualquier persona puede adquirirlo, mientras los avances médicos han permitido que quienes viven con el virus lleven una vida plena con tratamiento.
El dictamen aprobado elimina el artículo 189 del Código Penal, que contemplaba el delito de peligro de contagio, y reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Yucatán y la legislación estatal para la prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de establecer que las responsabilidades penales correspondan a conductas dolosas debidamente acreditadas y no al hecho de vivir con VIH.
Con la aprobación unánime, el Congreso estatal eliminó una figura penal que durante años fue señalada por organizaciones y activistas como una forma de criminalización de las personas que viven con VIH, mientras que las reformas aprobadas buscan que el acceso a la salud y el trato digno se garanticen sin estigma ni discriminación.
Por otro lado, en la misma sesión ordinaria, con 20 votos a favor y 15 en contra, diputados aprobaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatal.
La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y cuenten con otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocarla ante autoridades extranjeras en los supuestos establecidos por la Constitución.
Por unanimidad, se aprobó la convocatoria dirigida a personas con discapacidad, familiares, personas que brindan asistencia, organizaciones, instituciones, sociedad civil y ciudadanía interesada para participar en los foros de consulta sobre iniciativas que inciden en sus derechos. Se recibirán propuestas sobre condiciones laborales, accesibilidad de servicios notariales, inclusión en los sectores público y privado, asistencia personal, licencias para madres y padres para acompañamiento a citas médicas, movilidad estudiantil y reconocimiento oficial de aprendizajes y competencias adquiridos en los Centros de Atención Múltiple, entre otros temas.
Los seis foros, todos a las 9:00 horas, se realizarán el 8 de octubre, en el Instituto Tecnológico Superior de Progreso; 9 de octubre, en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid; 12 de octubre, en el Centro de Convenciones Ricardo Palmerín de Tekax; 13 de octubre, en el Instituto Tecnológico Superior de Motul; 15 de octubre, en el Congreso del Estado, en Mérida; y 16 de octubre, en el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanista de Yucatán, en Izamal. La participación podrá ser presencial y documental, así como mediante correo electrónico y el micrositio del Congreso, procurando formatos accesibles durante el proceso.
En asuntos generales, la diputada Alba Cristina Cob Cortés (Morena) presentó una iniciativa para fortalecer la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán e incorporar transversalmente los enfoques de género, intercultural y diferencial para ampliar la atención integral mediante espacios seguros, asesoría jurídica, atención psicológica y psiquiátrica, asistencia social y coordinación institucional, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población maya hablante, personas adultas mayores y otros grupos en condiciones particulares de vulnerabilidad.
El diputado Marco Antonio Pasos Tec (PAN) presentó una iniciativa sobre transparencia y trazabilidad de recursos públicos; Manuela de Jesús Cocom Bolio (PAN), una reforma al Código Penal en materia de despojo de inmuebles; Larissa Acosta Escalante (MC), una propuesta sobre profesionalización de la administración pública; y Gaspar Armando Quintal Parra (PRI), una iniciativa para fortalecer la accesibilidad del sistema estatal de protección civil para personas sordas y con discapacidad auditiva.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Raquel Peniche López (Morena), presentó una propuesta de acuerdo para reconocer la trayectoria y aportación social, educativa y formativa de las y los Scouts en Yucatán, por su contribución al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la promoción del servicio comunitario, liderazgo, solidaridad, responsabilidad y trabajo en equipo. La propuesta fue admitida para segunda lectura.
