Entre 300 y 500 menores podrían tener algún tipo de vínculo con pandillas o grupos delictivos en Progreso y sus comisarías, de acuerdo con estimaciones de personas conocedoras de la problemática, quienes alertaron sobre un fenómeno que estaría involucrando cada vez a más adolescentes.
El abogado Juan M. R. señaló que jóvenes de entre 11 y 17 años, principalmente de sectores vulnerables, son captados para participar en actividades como robo de motocicletas, asaltos, robos a viviendas y presunta distribución de drogas.
Según las fuentes consultadas, los grupos delictivos aprovechan situaciones como conflictos familiares, falta de supervisión y necesidades económicas para acercarse a los menores. El primer contacto suele darse mediante ofrecimientos de dinero fácil, para después incorporarlos gradualmente a actividades ilícitas.
Otro factor que favorecería el reclutamiento, señalaron, es el tratamiento que establece la legislación para adolescentes en conflicto con la ley. Los menores pueden enfrentar procesos distintos a los de los adultos, situación que, de acuerdo con las fuentes, sería aprovechada por los grupos para utilizarlos en determinadas actividades delictivas.
El fenómeno tampoco sería nuevo en el municipio. En años anteriores fueron identificadas agrupaciones juveniles como Los 13, Los 16, algunas células relacionadas con Sur 13 y Los Chuchulecos, además de otros grupos que no tendrían una denominación definida.
Actualmente, estas organizaciones podrían encontrarse dispersas en distintas colonias y comisarías, aunque no existe un registro oficial que permita establecer cuántas operan o cuál es su número de integrantes.
Uno de los principales riesgos es el consumo de sustancias, ya que los adolescentes pueden desarrollar dependencia y posteriormente involucrarse con mayor frecuencia en robos y otros delitos para obtener recursos.
Las zonas de Flamboyanes, sectores de las calles 37 al Poniente y 39 al Oriente, así como las inmediaciones de la gasera, han sido señaladas por vecinos como algunos de los puntos donde se han registrado conflictos y enfrentamientos entre jóvenes.
La falta de estadísticas oficiales impide dimensionar con precisión el problema. Las estimaciones de entre 300 y 500 menores vinculados con pandillas corresponden a personas relacionadas con el tema y no representan un registro institucional; además, solo una parte de ellos habría sido identificada o detenida formalmente por algún delito.
La situación plantea un desafío para las autoridades de Progreso, no solo en materia de seguridad, sino también de prevención, atención familiar y protección de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente al reclutamiento por grupos delictivos.
