Más de 150 mil jóvenes yucatecos de 18 a 24 años, forman parte de una generación que enfrenta decisiones cruciales sobre estudio, empleo y futuro.
La discusión sobre las oportunidades para las personas jóvenes adquiere una dimensión particular en Yucatán. El estado cuenta con una población estimada de 2 millones 528 mil 249 habitantes para 2026 y poco más de 30% se encuentra entre los 0 y 19 años, de acuerdo con las proyecciones de población difundidas por el Gobierno estatal con base en datos de Conapo.
El problema se vuelve más visible al observar la etapa de transición entre la adolescencia y la vida adulta. El Censo de Población y Vivienda 2020 registró en Yucatán 196 mil 363 personas de 15 a 19 años y 199 mil 525 de 20 a 24 años. A partir de estos grupos, una estimación proporcional permite ubicar en alrededor de 158 mil el universo de jóvenes de 18 a 20 años en la entidad.
Sobre este grupo se pueden dimensionar las desigualdades advertidas por la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno que reporta en su diagnóstico nacional que, entre los 18 y 20 años, 69% de quienes pertenecen a hogares de mayores ingresos continúa estudiando, frente a apenas 24% de quienes viven en hogares de menores ingresos.
Si esos porcentajes se utilizaran únicamente como referencia para el universo estimado de jóvenes yucatecos de 18 a 20 años, significarían aproximadamente 109 mil jóvenes estudiando bajo el primer escenario y 38 mil bajo el segundo. La diferencia ilustra, más que una realidad estadística específica de Yucatán, la magnitud que puede alcanzar la desigualdad de origen en una etapa decisiva.
El contraste también ayuda a entender por qué abandonar la escuela no puede interpretarse simplemente como una decisión individual. El propio diagnóstico advierte que 51% de las personas jóvenes en México no ha concluido la educación media superior, situación que limita sus posibilidades de acceder a empleos de mayor calidad.
En Yucatán, donde los grupos de 15 a 19 y de 20 a 24 años se encuentran entre los de mayor peso demográfico, el reto adquiere relevancia estratégica. En 2020, ambos grupos reunían casi 396 mil habitantes y, junto con el segmento de 25 a 29 años, concentraban 25.3% de la población estatal.
El otro gran frente es el empleo. A escala nacional, la Alianza calcula que existen 15.4 millones de personas jóvenes con trabajo y que 60% labora en la informalidad, mientras 61% carece de seguridad social. Traducido a términos sencillos, seis de cada diez jóvenes trabajadores se encuentran en empleos sin las condiciones de protección que deberían acompañar el inicio de una trayectoria laboral.
La desigualdad tiene además un marcado componente de género. De los 4.9 millones de jóvenes mexicanos que están fuera de la escuela y sin trabajo, 3.7 millones son mujeres. La organización advierte que buena parte de esta exclusión está relacionada con las responsabilidades de cuidado. De hecho, 3.3 millones de jóvenes se encuentran fuera de la escuela y del trabajo por tareas de cuidado dentro de sus hogares.
La situación obliga a mirar el problema desde una perspectiva distinta. No se trata únicamente de crear programas para jóvenes, sino de garantizar condiciones que les permitan estudiar, incorporarse a un empleo digno, contar con seguridad social y participar en sus comunidades.
La dimensión del desafío exige que las políticas no se limiten a la capacitación o a la vinculación laboral. Se requiere prevenir el abandono escolar, fortalecer la educación media superior, facilitar el tránsito hacia la universidad o el empleo y asegurar que el primer trabajo no implique renunciar a derechos laborales.
