Los hechos que ocurren en estos establecimientos son homicidios, abuso sexual, violación, lesiones graves, amenazas y privación ilegal de la libertad, sin embargo, de todas las personas que perpetran los actos criminales, solo una ha sido sentenciada en cinco años de investigaciones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán abrió al menos 20 carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en centros de “rehabilitación” para adicciones, conocidos como anexos o granjas del 2020 al 2025.
Los hechos investigados son homicidios, abuso sexual, violación, lesiones graves y privación ilegal de la libertad.
La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) ha realizado diversas inspecciones en estos lugares y ha encontrado deficiencias sanitarias, operativas y de infraestructura que han evidenciado las condiciones de mal funcionamiento de varios de estos establecimientos.
En cuanto a lo penal, tan solo en Mérida, la Fiscalía reportó 17 carpetas de investigación durante ese periodo por delitos como abuso sexual, violación, homicidio, amenazas y privación ilegal de la libertad. Cinco de esos expedientes fueron abiertos en 2024.
En el interior del estado se documentaron cuatro homicidios calificados ocurridos dentro de anexos: uno en Tizimín, en 2020; otro en Tekax, en 2024, y dos más en 2025, en Kanasín y Umán.
Las direcciones encargadas de litigar los casos ya judicializados informaron que durante 2025 se llevaron a proceso tres carpetas por privación ilegal de la libertad y una por lesiones graves.
Además, reportaron cuatro carpetas judicializadas por homicidio calificado en la zona regional a lo largo del período analizado.
De todos esos casos, la Fiscalía documentó una sola sentencia, dictada en 2020.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión también confirmó tres carpetas judicializadas por privación ilegal de la libertad cometida dentro de estos centros, sin que hasta la fecha se haya dictado alguna sentencia.
En 2021 la FGE realizó un aseguramiento en el centro de rehabilitación Grupo Sangre Renovadora, de Kanasín. En ese entonces, el encargado del establecimiento era investigado por presuntos abusos sexuales contra jóvenes internadas.
En marzo de 2025 el gobierno de Yucatán anunció la instalación del Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones.
El organismo está integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones.
Durante su instalación, las autoridades señalaron que “uno de los puntos más importantes en los acuerdos, fue garantizar que estos centros operen bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, la Secretaría de Salud informó que a un año de la instalación de este comité, ha supervisado 20 establecimientos mediante 23 visitas de inspección, en las que se “detectaron áreas de oportunidad y se emitieron recomendaciones para fortalecer la infraestructura, los procesos de atención y el cumplimiento de la normatividad vigente”.
La dependencia indicó que todos los establecimientos permanecen “bajo seguimiento técnico”.
Cuando se detectan irregularidades que corresponden al ámbito de competencia de otras autoridades, estos son notificadas para que determinen las acciones procedentes, agregó.
Los establecimientos cuentan con un período aproximado de tres meses para atender las observaciones, y posteriormente la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones realiza visitas de seguimiento para verificar su atención.
Respecto a posibles clausuras o sanciones, se explicó que su función consiste en realizar acciones de “supervisión, fomento y seguimiento”, mientras que corresponde a las autoridades competentes determinar las medidas administrativas o legales cuando se detectan incumplimientos.
También confirmó que se han identificado establecimientos que presuntamente operan al margen de la normatividad, casos que fueron turnados a las instancias correspondientes para las acciones que procedan.
La Codhey señaló que participa como observadora en supervisiones a estos centros y no tiene facultades para inspeccionarlos directamente ni para comenzar procedimientos en su contra, debido a que operan como establecimientos privados.
Además precisó que no cuenta con estadísticas sobre violaciones a derechos humanos dentro de estos establecimientos, ya que la legislación únicamente le permite conocer de presuntas violaciones cometidas por autoridades estatales o municipales. No obstante, informó que da seguimiento a los casos difundidos públicamente y vigila que las autoridades competentes realicen las inspecciones con apego a los derechos humanos.
