Mientras la SCJN mantiene sin resolver el conflicto limítrofe entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche, miles de habitantes enfrentan incertidumbre para acceder a servicios públicos y programas sociales.
Más de tres décadas después de iniciada la disputa territorial por el denominado Punto Put, siete comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche continúan esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine, de manera definitiva, a qué entidad pertenecen.
Aunque el primer litigio constitucional relacionado con este conflicto se presentó en 1997, el caso sigue sin una resolución firme. Mientras tanto, el Gobierno de Yucatán insistió en que la población de estas localidades debe recibir, sin restricciones, servicios de salud, educación, seguridad y acceso a programas sociales, independientemente del diferendo territorial.
El Punto Put —siglas de Punto de Unión Territorial— es un punto trifinio que marca la convergencia de los límites entre las tres entidades de la Península de Yucatán. Se ubica en el antiguo Rancho Put, donde aún permanece una pirámide de referencia instalada dentro de una iglesia en ruinas.
Un conflicto que se prolonga desde 1996
La controversia se originó tras la creación del municipio de Calakmul, en Campeche, en 1996. Sin embargo, sus antecedentes se remontan a 1901, cuando la creación del entonces Territorio de Quintana Roo modificó la división política de la península.
De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Quintana Roo, el trazo original fue establecido durante el gobierno de Porfirio Díaz Mori. No obstante, con el paso de los años surgieron diferencias en la interpretación de los límites territoriales, situación que derivó en diversos litigios entre los tres estados.
La primera controversia constitucional fue promovida por Quintana Roo en 1997. Posteriormente presentó otra demanda contra Yucatán; ambas fueron archivadas por la SCJN en 2013 sin que existiera una sentencia sobre el fondo del conflicto.
La controversia sigue sin sentencia
El litigio se reactivó en 2019, cuando Quintana Roo modificó su Constitución para redefinir el Punto Put. Como respuesta, Yucatán promovió la controversia constitucional 226/2019, mediante la cual impugnó dicha reforma al considerar que invadía su soberanía territorial.
El expediente permaneció en análisis y, en mayo de 2023, quedó listo para sentencia bajo la ponencia del entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sin embargo, tras la renovación de la Suprema Corte derivada de la elección judicial de 2025, el asunto fue reasignado a una nueva ministra, por lo que el fallo continúa pendiente.
El consejero jurídico de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz, ha señalado que el proceso sigue en etapa de alegatos y que aún no existe un proyecto público de resolución.
Congreso de Yucatán busca garantizar derechos
Ante la falta de una sentencia, el Congreso del Estado publicó en el Diario Oficial los decretos 208 y 209, mediante los cuales ratifica que Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay —administrativamente vinculadas a Chemax—, así como Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador, pertenecientes a Chichimilá, forman parte del territorio yucateco.
Los decretos, firmados el pasado 17 de junio por el gobernador Joaquín Díaz Mena, exhortan a autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el acceso de estas comunidades a servicios de salud, educación, seguridad y programas sociales, al considerar que sus derechos no deben depender de un litigio limítrofe.
La incertidumbre afecta a miles de habitantes
El conflicto territorial también genera diferencias entre dependencias federales sobre la ubicación administrativa de las comunidades, lo que ha provocado dificultades para acceder a programas gubernamentales y otros servicios públicos.
Ese mismo 17 de junio, Quintana Roo informó la incorporación de Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador al municipio de Felipe Carrillo Puerto dentro del catálogo de comunidades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En años recientes también se han presentado otros intentos para redefinir la adscripción de estas localidades. En 2023, el Ayuntamiento de Valladolid solicitó al Instituto Nacional Electoral reconocer a Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay como parte de su territorio, petición que fue rechazada. Ese mismo año, habitantes de Punta Laguna solicitaron incorporarse al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, solicitud que tampoco prosperó.
Actualmente, el decreto yucateco reconoce que estas comunidades mantienen una estrecha interconexión con los municipios de Chemax y Valladolid.
Un problema que rebasa las fronteras
De acuerdo con la Consejería Jurídica de Campeche, la disputa territorial entre los tres estados abarca más de 10 mil kilómetros cuadrados y afecta a más de 150 comunidades, una superficie equivalente a cerca de una quinta parte del territorio de Quintana Roo.
Mientras la Suprema Corte emite una resolución definitiva, los habitantes del Punto Put continúan enfrentando problemas cotidianos relacionados con servicios básicos, electricidad, conectividad, transporte y acceso a programas públicos.
Aunque los decretos emitidos por Yucatán representan una postura política y administrativa para proteger a la población, la definición jurídica sobre la pertenencia de estas comunidades corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta que exista una sentencia, miles de familias seguirán viviendo en una región reclamada por distintas entidades, donde la incertidumbre territorial continúa impactando directamente en el ejercicio pleno de sus derechos.
