Comunidades indígenas y organizaciones ambientales de Yucatán urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir una resolución que fortalezca los derechos de consulta de los pueblos mayas frente al crecimiento de la industria porcícola en la península.
La petición surge ante el análisis de un amparo relacionado con la Norma Técnica Ambiental que regula la operación de granjas porcícolas en el estado, documento publicado en 2022 por autoridades ambientales yucatecas y que, según los inconformes, fue aprobado sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.
Aunque el caso estaba previsto para discutirse este jueves en el pleno de la Corte, finalmente quedó pendiente para una próxima sesión sin fecha definida.
Representantes de colectivos como Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’ señalaron que el proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías podría sentar un precedente relevante en materia de participación indígena y protección ambiental.
Durante una conferencia de prensa, habitantes mayas denunciaron que la expansión de las granjas ha provocado contaminación de cenotes, proliferación de insectos, afectaciones a cultivos y disminución de abejas en distintas comunidades de Yucatán.
Los activistas sostuvieron que la industria porcícola se ha expandido en la región sin controles suficientes y acusaron tanto a autoridades estatales como a instancias federales de permitir daños ambientales y sociales en territorios mayas.
Además, advirtieron que la resolución de la Corte podría convertirse en un referente nacional sobre la obligación de consultar a pueblos indígenas antes de aprobar normas o proyectos con impacto en su territorio y forma de vida.
