La presión ambiental generada por la expansión de granjas porcícolas en Yucatán llevó a autoridades federales y estatales a establecer un nuevo esquema de coordinación para vigilar y regular esta actividad, señalada por sus efectos en suelo, agua y biodiversidad.
El acuerdo involucra a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, con el objetivo de reforzar la evaluación del impacto ambiental en proyectos porcícolas y limitar daños en zonas sensibles.
A través de este mecanismo, la autoridad estatal deberá apoyarse en dictámenes técnicos federales para definir la viabilidad de nuevas instalaciones o ampliaciones, lo que busca evitar que las granjas operen sin controles suficientes o sin considerar sus efectos acumulativos.
Además de la revisión de proyectos, el convenio contempla la implementación de medidas de mitigación y compensación ante afectaciones ambientales, así como el fortalecimiento de la supervisión en campo para detectar irregularidades.
La participación de la Profepa será clave en las tareas de inspección, en un contexto donde diversas comunidades han señalado impactos asociados a esta industria, como contaminación de mantos acuíferos y degradación del entorno.
El esquema, que estará vigente hasta 2030, también prevé evaluaciones periódicas sobre su funcionamiento, en un intento por responder a una problemática que ha cobrado relevancia en la agenda ambiental del estado.
