Pobladores de Kinchil, Yucatán, confrontaron este fin de semana a trabajadores de una empresa avícola que realizaban obras de ampliación pese a contar con órdenes federales de suspensión. Integrantes del Consejo Comunitario de Kinchil acudieron al predio ubicado en la comunidad de Tzemé, donde confirmaron que maquinaria pesada continuaba operando, a pesar de las clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Durante la protesta, una de las integrantes del Consejo, Goya Dzul, se colocó frente a una bulldozer en movimiento para impedir su avance. La mujer advirtió que la comunidad no desistirá, aun frente al poder económico de la empresa, y aseguró que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para que se respete la ley y el territorio.
Los habitantes denunciaron que el proyecto de ampliación de la granja ha provocado la devastación de aproximadamente 13 hectáreas de monte, en una zona donde existían cerros con características de estructuras prehispánicas, así como vestigios arqueológicos, entre ellos restos de cerámica y lo que identifican como un antiguo juego de pelota maya. Federico May Cuitún, integrante del Consejo, afirmó que el daño al patrimonio histórico es irreversible.
De acuerdo con los pobladores, al notar la presencia de la comunidad los operadores de la maquinaria intentaron retirarse del sitio; sin embargo, uno de ellos fue retenido de manera pacífica. El trabajador argumentó que únicamente cumplía órdenes de su empresa, incluso después de que los sellos federales colocados el pasado 9 de enero por la Profepa habían sido retirados.
El Consejo Comunitario recordó que desde octubre de 2025 existe una suspensión definitiva derivada del amparo indirecto 2352/2025, resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán, la cual ordena detener las obras. A pesar de ello, señalaron que la empresa continuó trabajando, lo que motivó nuevas clausuras: por parte del INAH el 22 de diciembre de 2025 y de la Profepa el 9 de enero de 2026.
Además del daño ambiental y arqueológico, los habitantes alertaron sobre afectaciones económicas y sociales. Apicultores de la zona reportaron una disminución considerable en la producción de miel, al considerar que la deforestación y el cambio en el entorno han alterado la dinámica de las abejas. Félix Canul, integrante del Consejo, sostuvo que la actividad de la granja ha contaminado el agua y empobrecido a la comunidad.
Tras varias horas de espera, personal de la Profepa acudió al sitio y recolocó los sellos de clausura. El Consejo Comunitario exigió la intervención del gobernador Joaquín Díaz Mena y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y advirtió que mantendrá vigilancia permanente para evitar que las operaciones se reactiven. “No tenemos miedo, sólo estamos defendiendo nuestro territorio”, afirmó Goya Dzul.
