Hasta 15 por ciento de las tienditas de barrio en Yucatán podría cerrar sus puertas durante el primer año de aplicación del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, bebidas azucaradas y snacks, previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, advierten representantes del comercio minorista.
En la entidad operan más de 24 mil establecimientos de este tipo, muchos de ellos negocios familiares que dependen en buena medida de la venta de estos productos para sostener su ingreso diario, por lo que un ajuste fiscal de esta magnitud podría comprometer su viabilidad económica.
El esquema planteado contempla un cobro de 3.08 pesos por litro a bebidas con azúcares añadidos y de 1.50 pesos por litro a aquellas elaboradas con edulcorantes no calóricos. Aunque la medida se justifica bajo argumentos de salud pública, comerciantes señalan que experiencias previas muestran que estos impuestos no han reducido de forma significativa problemas como la obesidad o la diabetes.
Los efectos ya comienzan a sentirse en los puntos de venta. Dueños de tienditas reportan aumentos de entre cinco y 10 pesos en presentaciones grandes de refrescos, lo que ha derivado en una caída del consumo y menores ventas, incluso en periodos de alta demanda como la temporada decembrina.
La reducción en la actividad comercial también impacta a otros eslabones de la cadena, como repartidores, transportistas y proveedores locales. A nivel nacional, el sector advierte que miles de empleos directos e indirectos podrían verse afectados, un escenario que en Yucatán tendría consecuencias amplificadas por la importancia del comercio de barrio.
A este contexto se suma la presión fiscal contemplada en el Paquete Fiscal 2026 del Gobierno del Estado de Yucatán, que incluye nuevas cargas y el encarecimiento de trámites, incrementando los costos de operación para pequeños negocios.
Para los comerciantes, el debate va más allá de los impuestos: se trata de la supervivencia de miles de negocios familiares y del ingreso de quienes dependen del comercio local, frente a una política fiscal que podría redefinir el panorama económico del sector en la entidad.
