El Congreso local avanzó en una reforma que endurece las sanciones contra el acecho, el ciberacoso y diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a mujeres y jóvenes. La iniciativa busca cerrar vacíos legales que permitían que agresores reincidieran sin enfrentar consecuencias significativas.
De acuerdo con los legisladores, el aumento de casos vinculados a hostigamiento digital y vigilancia no consentida motivó la discusión. En particular, señalaron que los mecanismos actuales resultan insuficientes para atender denuncias relacionadas con difusión de contenido íntimo, amenazas en redes sociales o seguimiento físico persistente.
La propuesta contempla elevar penas de prisión y ampliar las circunstancias que califican como comportamiento violento, incluyendo la manipulación de datos personales, la creación de perfiles falsos y el uso de dispositivos tecnológicos para rastrear a una persona sin autorización. También se incorporarían medidas para agilizar órdenes de protección.
Autoridades consultadas reconocieron que las víctimas suelen enfrentar obstáculos para que sus denuncias prosperen, especialmente cuando la agresión ocurre en línea. Por ello, la reforma pretende eliminar ambigüedades jurídicas y definir criterios más claros para identificar patrones de violencia que tradicionalmente se consideraban “faltas menores”.
Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de actualizar el marco legal, argumentando que muchas agresiones digitales derivan en intimidación presencial o en daños emocionales de largo plazo. La reforma, dijeron, representa un paso para atender fenómenos que han crecido a la par del uso de plataformas digitales.
El dictamen aún requiere una revisión técnica antes de ser turnado para su aprobación final, proceso en el que podrían incorporarse ajustes derivados de las observaciones de especialistas en seguridad digital y atención a víctimas.
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