Los registros oficiales reportan siete desapariciones en Mérida durante los primeros tres meses de 2025, pero los colectivos civiles hablan de un panorama mucho más grave: casi 300 personas desaparecidas en todo el estado, según Familias Buscadoras del Estado de Yucatán. La diferencia evidencia un subregistro sistemático y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
De los siete casos reportados por el gobierno, seis ya fueron resueltos —cinco con vida y una fallecida— y uno permanece abierto. Sin embargo, los datos de los colectivos muestran que cientos de familias enfrentan incertidumbre sin que la Comisión de Búsqueda del Estado logre atenderlas con rapidez ni eficacia.
Mérida concentra la mayoría de los reportes (167), seguida de Progreso (34), Kanasín (19), Tizimín (13) y Valladolid (8). Los casos afectan sobre todo a jóvenes y mujeres, un patrón de vulnerabilidad que los programas de prevención estatales aún no abordan.
El perfil de las víctimas en el primer trimestre es preocupante: cuatro mujeres —una adolescente de 15 a 19 años, dos jóvenes de 20 a 24 y una adulta de 30 a 34— y tres hombres, de los cuales dos tienen entre 25 y 29 años y uno no tiene edad definida. Un caso corresponde a un hombre colombiano; el resto son mexicanos.
La comparación con otros estados revela otra dimensión del problema. Quintana Roo reportó 303 desapariciones en el mismo periodo, con 105 casos activos y 10 personas halladas sin vida; Campeche documentó 83, con 10 aún sin resolver y un fallecido. Aunque Yucatán registra cifras menores, los colectivos advierten que esta aparente tranquilidad no refleja la experiencia de las familias afectadas.
Mientras las autoridades mantienen estadísticas oficiales, los familiares asumen la mayor parte de la búsqueda: recorren hospitales, albergues y redes sociales. La falta de transparencia, lentitud y burocracia en los procedimientos oficiales dejan en evidencia que la seguridad y la justicia dependen más de la acción comunitaria que de la respuesta institucional.
Cada expediente no resuelto demuestra que la “seguridad” que proyecta Yucatán es, en gran medida, una ilusión para quienes esperan respuestas, y que las estadísticas oficiales apenas muestran la punta de un problema mucho más profundo.
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