Colectivas feministas acudieron al Cejom para denunciar presuntos alargamientos en procesos judiciales donde se les pide a los padres el pago de la pensión alimenticia; hablan de un caso que lleva 13 años sin solución.
La falta de atención oportuna a los casos de incumplimiento de pensiones alimenticias, así como los presuntos retrasos y omisiones en los procesos judiciales, fueron denunciados por integrantes de colectivas feministas y representantes de Deudores Alimentarios Ley Sabina Yucatán, quienes acudieron al Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) para acompañar un caso que lleva 13 años sin resolverse.
Alejandra Castro, integrante de una colectiva desde hace más de cinco años y fundadora del grupo Deudores Alimentarios Mérida en 2022, acudió a una audiencia relacionada con una denuncia familiar y penal contra el padre de su hijo, a quien señaló por abandono, violencia vicaria y falta de pago de pensión alimenticia.
Explicó que el procedimiento tiene 13 años en curso y que una audiencia programada hace dos o tres meses no pudo realizarse debido a que el señalado argumentó desconocer su situación legal. Ante ello, manifestó su expectativa de que en esta ocasión pudiera desarrollarse la diligencia y avanzar hacia una resolución.
Castro relató que cuando su hijo tenía tres años de edad, el padre lo sustrajo y posteriormente dejó de tener contacto con él, situación que, aseguró, derivó en años de abandono y ausencia de responsabilidades paternas. “Son 13 años de abandono, 13 años de ausencia, tres años de cero cuidados y 13 años de violencia económica, porque el que no pase la pensión alimenticia es parte de la violencia económica que mi hijo, que ya es un adolescente, está viviendo junto conmigo”, expresó.
La madre rechazó que su demanda tenga como único propósito obtener recursos económicos y sostuvo que busca justicia por los años en los que tuvo que asumir por cuenta propia la manutención, educación y atención médica de su hijo, quien presenta un trastorno de salud que, afirmó, el padre desconoce.
“Yo no busco dinero, yo busco justicia. Trece años es un número muy grande en el cual las autoridades correspondientes no han hecho su trabajo”, manifestó.
También señaló que ha presentado diversas solicitudes ante el juzgado sin recibir respuestas oportunas, mientras que, según su testimonio, las peticiones realizadas por la contraparte reciben atención con mayor rapidez. Aseguró que cuenta con documentación para respaldar los hechos expuestos y dijo acudir a la audiencia con la expectativa de obtener avances en su caso.
Por su parte, Siloé Fuentes, representante de Deudores Alimentarios Ley Sabina Yucatán y Deudores Alimentarios Mérida, cuestionó la atención que reciben las mujeres que buscan justicia en los procesos familiares y consideró que las condiciones en los juzgados no han mejorado, pese a las mesas de trabajo que se han sostenido con el Poder Judicial.
Indicó que estos encuentros se han limitado principalmente a revisar el estado de los expedientes, sin que, desde su perspectiva, se traduzcan en compromisos concretos para mejorar la actuación de las personas juzgadoras.
“No hay un compromiso del Poder Judicial de que se llame a los jueces, se les den clases de género, se les eduque en perspectiva de violencia hacia las mujeres y perspectiva de infancia. No hay nada de eso”, señaló.
Fuentes también denunció un presunto trato diferenciado en la atención de solicitudes judiciales, pues afirmó que cuando un hombre presenta una petición relacionada con un expediente familiar recibe respuesta con mayor rapidez, mientras que las solicitudes de las mujeres pueden ser ignoradas o atendidas hasta el límite de los plazos legales.
Consideró que esta situación representa un sesgo de género y una forma de violencia institucional que se suma a las agresiones económicas y vicarias que enfrentan las madres que reclaman el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. “Pareciera que por exigir los derechos de nuestras niñeces y adolescencias tenemos que ser castigadas también por el Poder Judicial”, expresó.
Asimismo, cuestionó las dificultades que enfrentan las mujeres para consultar sus expedientes, recibir información sobre sus procedimientos.
