Diez guarderías subrogadas del IMSS en Yucatán podrían dejar de operar por el desfase entre sus costos y la cuota que paga el Seguro Social.
Al menos 10 guarderías del Seguro Social en la entidad están en riesgo de cerrar al vencer sus contratos el 31 de diciembre de 2026, advierte Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en Yucatán y representante estatal del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS.
Esto se debería a un esquema de pago “desfasado e insostenible” que amenaza la continuidad del servicio para más de mil 200 niños yucatecos.
Dájer Fadel explica que durante décadas el IMSS subrogó el servicio de guardería a escuelas con vocación educativa.
Eso era financiado con el 1% de las nóminas que por ley pagan las empresas, actualizando la cuota según inflación y salarios, como ordena la Ley de Adquisiciones cuando el costo laboral rebasa 35% del contrato.
Desde 2018, dice, el Instituto solo reconoce la inflación y dejó de incorporar el aumento real en costos de operación: “Hoy nos pagan el 43% de lo necesario; pretenden que demos el mismo servicio que hace ocho años con menos de la mitad de los recursos”.
El desequilibrio es tal que, mientras la prestación del servicio se encareció 132%, la cuota del IMSS apenas subió 42%; el pago por niño pasó de equivaler a 1.5 salarios mínimos mensuales en 2018 a apenas 0.65 actualmente.
El académico y dirigente subraya que esta política se mantiene pese a que el aumento del salario mínimo generó mayores ingresos al IMSS por concepto del 1% de nómina y a que en los últimos años ya han cerrado más de 300 guarderías subrogadas en el país, de las cuales 12 son de Yucatán.
“El propio instituto reporta ‘economías’ por más de 18 mil millones de pesos anuales en el seguro de guarderías, más de 90 mil millones acumulados en siete ejercicios, recursos que por ley pertenecen a las empresas que los pagan y deben regresar en forma de servicio de guardería, no quedarse en un destino desconocido”, apunta.
Con el cierre previsto de las 10 guarderías, precisa, Yucatán pasaría de 35 centros subrogados en 2021 a apenas 13 después de 2026, una reducción cercana al 60% de la capacidad instalada y la pérdida acumulada de 22 guarderías en cinco años.
“Las familias trabajadoras perderán más de 1,200 espacios adicionales, que se suman a los mil 400 cupos ya perdidos en 2021; hablamos de alrededor de la mitad del sistema de educación inicial del estado”, señala.
Solo en Yucatán, calcula, el cierre de estos espacios implicaría dejar de distribuir 16.6 millones de pesos mensuales en servicios de cuidado, educación, alimentación y atención médica.
Casi 200 millones de pesos al año que las empresas yucatecas ya aportaron y dejarán de beneficiar a los niños y sus padres.
Más allá del impacto económico, Dájer Fadel subraya el daño educativo y social.
“Se desarticula un programa de educación inicial que recibió premios internacionales y mantiene niveles de satisfacción del 98% entre las familias usuarias”.
“Se pierde la atención de médicos, enfermeras, nutriólogos y educadoras que han dado seguimiento personalizado al desarrollo de la niñez yucateca”.
También advierte que la reducción de espacios golpeará de manera directa la participación de las mujeres en la fuerza laboral, al ser ellas quienes mayoritariamente asumen el cuidado infantil en el hogar.
De acuerdo con el entrevistado, el IMSS esgrime dos argumentos para no actualizar la cuota: que la ley no le permite indexar el pago a salarios mínimos y que no tiene recursos suficientes para aumentar la tarifa.
“Ambos son falaces”, responde. “No es indispensable usar el salario mínimo; se podría tomar como referencia el incremento anual en los ingresos por el propio seguro de guarderías, es decir, el mismo 1% de nómina que pagan las empresas”.
“No buscar mecanismos alternativos es, en sí mismo, un acto de irresponsabilidad”, refiere.
Sobre la supuesta falta de recursos, recuerda los remanentes reportados por el IMSS: “En sus informes al Ejecutivo y al Legislativo reconoce economías por más de 18 mil millones de pesos cada año en guarderías”.
“Con apenas 3 mil millones podría aumentarse en 43% la cuota a las 650 guarderías licitadas en todo México y aún quedarle 15 mil millones de remanente, de los cuales por ley el 80% debería destinarse a la operación del servicio”.
Desde 2024, detalla, los representantes de guarderías subrogadas han pedido diálogo para corregir la descapitalización del modelo, sin obtener una respuesta de fondo.
“Ante la negativa, muchos prestadores prefieren cerrar con responsabilidad antes que recortar esquinas y poner en riesgo la seguridad y el desarrollo de los bebés”.
Sobre las alternativas que tendría el IMSS para atender a las familias derechohabientes, Dájer Fadel considera que la opción real es limitada.
“El Instituto podría reacomodar niños en las pocas guarderías que queden, pero con solo 13 centros operando desde enero y una demanda creciente, lo que se generará son años de listas de espera. Las madres y padres trabajadores se quedarán sin el servicio por el que sus empresas ya pagaron”.
En paralelo, recuerda, el gobierno federal impulsa la transición hacia los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), pero el avance ha sido lento.
“Para cumplir la meta nacional de mil CECI habría que inaugurar 25 al mes; a estas alturas solo se ha puesto en marcha uno, la brecha es enorme”.
El empresario considera que el tema no es técnico ni menor, sino estructural: “Lo que está en juego es si los recursos que las empresas aportan al Seguro Social realmente regresan en servicios para sus trabajadores o se pierden en opacidad”.
“En Yucatán está en riesgo la mitad de la educación inicial de nuestros hijos. No se puede mirar hacia otro lado”.
