Horas extras sin pago, dificultades para defender las condiciones de trabajo y escasa representación sindical forman parte del problema de la precariedad laboral, recalca Paulina Gutiérrez Jiménez, directora operativa de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; organización que promueve como colectivo que más empresas adopten voluntariamente y de manera gradual el ingreso digno, que son alrededor de $14,400 pesos al mes, porque está estudiado que eso es lo que cuesta vivir con dignidad en nuestro país actualmente.
En la precariedad laboral también inciden aspectos como la falta de derechos del pago de horas extras en el trabajo, que no se garanticen derechos a los trabajadores y que no puedan defenderse ante ello, señala Paulina Gutiérrez Jiménez, directora operativa de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según indica en su página web, su misión es ser un polo referente de sociedad civil, confiable, pro positivo y con capacidad de incidencia que promueve cambios sistémicos en las instituciones, las políticas y la cultura a fin de superar la pobreza y la desigualdad con un enfoque de derechos.
Para Paulina Gutiérrez el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” no es suficiente porque no disminuye la exclusión laboral.
“Esta situación de precariedad ocurre porque el 90% de las personas que tienen un trabajo asalariado y subordinado no cuentan con ningún tipo de afiliación sindical”, recalca.
Según detalla, esto responde a que durante años los sindicatos fueron, y siguen siendo, aquellas figuras corruptas que explotaban también a sus propios trabajadores y negociaban en lo “oscurito” con los empleadores.
A partir de 2019 se cambió la Constitución y ya se tiene un marco constitucional más idóneo para que las personas puedan ejercer su libertad sindical, que se refleja en que pueden participar en las negociaciones colectivas por medio de sindicatos que ejerzan libremente y sean genuinos, indica.
Sin embargo, “pesó tanto esta imagen del sindicato que no servía para nada, más que para quitarle los recursos en las cuotas a los trabajadores, que no hay una promoción de esta unión de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales”.
Por ello, destaca, se debe hacer un trabajo muy importante de promoción de este derecho y de asegurar las condiciones para que los trabajadores lo puedan hacer de manera libre, como un derecho fundamental.
“El Estado debería promocionar, dar preparación y ayudar a fortalecer los liderazgos sindicales, y también las organizaciones de la sociedad civil, para que los trabajadores al tener un sindicato puedan negociar colectivamente las condiciones laborales, ya que muchas de estas condiciones, sobre todo del ingreso, tienen que ver con esta negociación colectiva”.
Sobre las propuestas que como organización hace para revertir o cambiar las situaciones planteadas, Paulina Gutiérrez comparte que para hacerle frente a la exclusión laboral, que afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, proponen ampliar la oferta de servicios de cuidado.
Que estos servicios que sean a cargo del Estado, como estancias infantiles, escuelas de horario ampliado, que “en el sexenio pasado inexplicablemente se eliminaron”, centros para personas con discapacidad, casas de día para personas mayores, y todos aquellos servicios que liberen a las mujeres de tener que hacer estos cuidados.
Por el lado de la exclusión de jóvenes, resalta que es importante que el Estado planee una estrategia integral para ofrecerles un primer empleo formal que los ayude a transitar en lo laboral a lo largo de su vida.
“Hemos estudiado esto mucho, sobre todo con la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. La propuesta es realizar acciones de educación media superior, dándole mayor relevancia a la educación técnica, vincularla con los centros de trabajo para que haya una capacitación laboral dentro de la educación media superior”.
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” no es suficiente, manifiesta. Si bien es bueno que exista un programa para la juventud, la realidad y los números demuestran que no ha disminuido la exclusión laboral, porque les dan transferencias monetarias durante un año y después de eso los jóvenes salen de los centros de trabajo.
En cuanto a la manera de frenar la informalidad laboral, subraya que, desde hace mucho tiempo, más de la mitad de la población en el país no tiene un trabajo formal.
Lo que proponen es que el Resico del SAT, un régimen en el que la gente paga mucho menos impuestos, se vincule a las personas que trabajan actualmente en la informalidad con un modelo similar para facilitar y subsidiar la afiliación al seguro social, con recursos del IMSS Bienestar.
Para aumentar los ingresos de los hogares que menos ganan, proponen actualizar las tablas de retenciones para evitar que se le cobren el ISR y el IMSS a los salarios.
“Si bien es cierto que el salario mínimo está exento de este pago, con que ganes un peso más del salario mínimo ya tienes que pagar mucho más, esto hace que disminuyan los ingresos laborales”.
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también promueve como colectivo que más empresas adopten voluntariamente y de manera gradual el ingreso digno, que son alrededor de $14,400, para quienes menos ganan en sus empresas, porque está estudiado, que eso es lo que cuesta vivir con dignidad en el país.
