El Observatorio de Trabajo Digno revela que 6 de cada 10 personas en edad productiva enfrentan precariedad laboral en la Entidad.
En Yucatán, 1.1 millones de personas, equivalentes al 66% de la población en edad y condiciones de trabajar, carecen del derecho a un trabajo digno, ya sea porque están excluidas del mercado laboral o porque aun teniendo empleo, enfrentan condiciones precarias.
De acuerdo con los datos oficiales más recientes de 2026, analizados por el Observatorio de Trabajo Digno (OTD), de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la exclusión laboral afecta a 343 mil personas en la entidad.
De este total, 98 mil están desempleadas, ya sea porque no tienen trabajo y lo buscaron recientemente o porque están disponibles para incorporarse al mercado laboral. Esta cifra representa una tasa de desempleo completo del 8%.
A este grupo se suman 245 mil personas que no pueden emplearse debido a que realizan labores de cuidado en sus hogares sin recibir remuneración. De ellas, 232 mil, el 95%, son mujeres.
Esta situación representa el 14% de la población en edad y condiciones de trabajar. El diagnóstico también revela que tener un empleo no garantiza condiciones dignas.
En Yucatán, 782 mil personas ocupadas, equivalentes al 64% del total, carecen de seguridad social. Asimismo, 763 mil trabajadores, el 65% de la población ocupada, no cuentan con ingresos suficientes para adquirir al menos dos canastas básicas.
Dentro de este grupo, 251 mil personas reportan ingresos de cero pesos, aunque el organismo advierte que este dato podría estar relacionado con una inconsistencia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
El 51% trabaja sin contrato laboral y la precariedad también está relacionada con la falta de representación y estabilidad laboral.
En Yucatán, 724 mil personas, equivalentes al 90% de quienes tienen un trabajo asalariado y subordinado, carecen de representación sindical para la negociación colectiva.
Además, 412 mil trabajadores, el 51%, no cuentan con un contrato estable, condiciones que limitan la protección de sus derechos y la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales.
El Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno advierte que la falta de seguridad social, los bajos ingresos, la ausencia de contratos estables y la limitada representación sindical mantienen a millones de personas en condiciones que vulneran su derecho fundamental a un trabajo digno.
Entre sus propuestas destaca ampliar los servicios públicos de cuidado para facilitar la incorporación económica de las mujeres y facilitar el acceso a la seguridad social de trabajadores independientes.
