El 27 de septiembre de 2024, cuando iniciaba la administración municipal de Erik Rihani González, se publicó en el Diario Oficial de Yucatán el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Progreso y con basé en él, la constructora logró su autorización condicionada.
En diciembre del 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consideró que el proyecto Las Dunas en Chuburná era incompatible con la zona, catalogada como altamente vulnerable, por lo que negó la autorización de impacto ambiental en ese momento, sin embargo, en abril del año pasado, la dependencia federal concedió el permiso de forma condicionada.
El proyecto que pretende construir 14 edificios de departamentos en el área de dunas de la comisaría progreseña no se modificó. Tampoco las condiciones de la zona. Lo que cambió fue el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Progreso. Sus actualizaciones se publicaron en julio y septiembre de 2024.
Así, aludiendo a las zonificaciones ahí estipuladas y las actividades que permiten, así como a permisos municipales y estatales ya adquiridos, fue como la empresa desarrolladora, Auralux, solicitó nuevamente la autorización a la Semarnat en diciembre de 2024, misma que le fue concedida con condiciones en abril de 2025.
En 2023 Semarnat resolvió negar el permiso con base en el Plan de Desarrollo Urbano de Progreso, y para entonces, indicaba que el complejo turístico pretendía desarrollarse en los geosistemas 1A102 Turístico Xtul (Chuburná Puerto) y 1A401 Turístico/Minero-Extractivo de Arena (Escollera Oriente Chuburná Puerto). Según se asienta en el resolutivo de 2023, estas clasificaciones sostienen que el área es altamente vulnerable, por lo que cataloga como uso incompatible los desarrollos urbanos.
Sin embargo, el 27 de septiembre de 2024, cuando iniciaba la administración municipal de Erik Rihani González, se publicó en el Diario Oficial de Yucatán el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Progreso.
Con base en él, el proyecto se localiza dentro de la zona primaria denominada como Área Urbanizable Programada tipo 1 (Aurp 01). Según el resolutivo de 2025, en esta categoría se incluye a los predios que cuentan con derechos municipales adquiridos. En este caso fue una Licencia de Uso de Suelo expedida por el Ayuntamiento de Progreso y fechada el 2 de febrero de 2024, aún en la administración de Julián Zacarías Curi, que establecía un uso de suelo turístico y mixto.
El Plan de Desarrollo Urbano publicado en 2024, que cita la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán, publica un mapa de la zonificación primaria de la zona de Chuburná.
En él es evidente una franja de terreno urbanizable en medio de un bloque que no lo es. Esta área serían las 9 hectáreas que pertenecen a los desarrolladores de Las Dunas.
Además, los desarrolladores alegaron contar con el Dictamen de Factibilidad Urbana Ambiental emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) bajo el número de expediente FUA 186/2023, con fecha del 21 de abril de 2023, que para esas fechas era dirigida por la hoy diputada Sayda Rodríguez Gómez.
También con el dictamen expedido por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), organismo a cargo de Irak Greene Marrufo, bajo el número de expediente FUA 632/2024, con fecha del 22 de noviembre de 2024.
El predio se ubica en el Tablaje Catastral 1913, adquirido en noviembre de 2022 por Auralux Representaciones, empresa que desarrolló conceptos como el Paseo 60 y la Casona 333 en Mérida. En el Registro Público de Comercio aparecen como socias la abogada Lucía Janeth Palomo Gómez, también apoderada legal, y la contadora Tania Aurora Gómez Cetina, administradora.
Ambas también están registradas como socias de Edifictun, que comercializa equipos industriales de energía e iluminación. Por separado sus nombres aparecen en otras empresas relacionadas con la construcción y los desarrollos inmobiliarios.
Según la Manifestación de Impacto Ambiental, el complejo turístico abarca una superficie de 92,017.30 m2. Tendrá 138 departamentos, divididos en 14 torres. Incluye una zona de locales comerciales, cafetería y un área de administración y servicios. Los edificios estarán distribuidos en dos secciones denominadas “Dunas uno” y “Dunas dos”.
En la primera se desarrollarán ocho edificios con nueve departamentos distribuidos en cinco niveles cada uno, para un total de 72 departamentos. En la zona central de la sección se contemplan dos albercas, área de cafetería con pisos de concreto y otras amenidades. Por su parte, “Dunas dos” se conformará por seis torres con seis niveles para un total de 66 departamentos, otras dos albercas y sus amenidades. Según la publicidad, las viviendas en este complejo podrán adquirirse desde 8.5 millones de pesos.
Pese a que el proyecto no cambió, el monto de inversión pasó de 120 millones anunciados en 2023 a 18 millones en 2024. La cantidad destinada para la mitigación de los impactos ambientales se mantuvo en 200 mil pesos.
Del total del terreno, 2,880.03 m2 abarcan la zona federal de playa. Por el otro lado, 4.5 hectáreas están inmersas en el humedal costero, por lo que no serán ocupadas y se destinarán a “áreas de conservación”. Esto implica que, según los desarrolladores solo se construirá en el 26.2% del terreno, ya que 4.8 hectáreas serán de conservación y 1.9 se destinarán a áreas verdes.
En cuanto a las especies, el estudio reconoce que en el predio se ubican dos tipos de mangle listados por la Semarnat como amenazados. También admite la presencia de la matraca yucateca, considerada en peligro de extinción, al igual que el perico pecho sucio y el vireo de manglar, calificados con protección especial.
En la zona, los trabajos ya comenzaron. Hay maquinaria para nivelar la zona, lo cual alertó a pobladores y activistas, quienes se han agrupado en el colectivo “Salvemos las dunas“, quienes reclaman las afectaciones ecológicas en el lugar y su posible impacto ante su cercanía con el área natural protegida.
En Change.org ya han recolectado más de 2,600 firmas. “Las dunas de Chuburná son una defensa natural imprescindible contra la erosión costera y los embates de las tormentas tropicales y huracanes.
“Pedimos a las autoridades locales y al gobierno federal que refuercen las leyes de protección ambiental, se prohíban nuevas construcciones en áreas críticas y se trabajen proyectos de reforestación y recuperación de las dunas”, se señala en la petición.
Sin embargo, hasta ahora la respuesta de las autoridades es que la obra tiene sus permisos en regla. Ante la presión ciudadana el Gobierno del Estado difundió que solicitó formalmente a la Semarnat y a la Profepa “verificar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto”.
El boletín señala que “la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades en humedales costeros, el otorgamiento y la vigilancia de las concesiones sobre la Zona Federal Marítimo-Terrestre, así como la protección de los manglares, son competencia exclusiva de la Federación”. Sin embargo, agrega que “en el ámbito de su competencia”, el gobierno estatal no permitirá afectación alguna al manglar ni a la duna costera.
Para los inconformes, su próxima actividad será una manifestación pacífica mañana viernes 31 de julio. Será a las 6 de la tarde en el Monumento a la Patria.
Otra de sus preocupaciones es que el proyecto “Las Dunas” no es el único desarrollo autorizado en la zona. “Ya acabaron de destrozar la Riviera Maya, ahora ya brincaron a la Costa Norte de la Península. El resultado ya se sabe: pérdida de recursos naturales, pérdida de territorio, pérdida de capital a los habitantes y colapso ambiental. Después, se mueven a otro lugar a seguir el ciclo de los 20 años que es lo que un ecosistema aguanta con un turismo industrial antes de colapsar”, señaló uno de los activistas.
El colectivo tiene videos y material del caso de su protesta en su Instagram: https://www.instagram.com/salvemos_lasdunas/?utm_source=ig_embed&ig_rid=AE7rZ8cTNHnQpYguNKhNYxf
