Los desmontes ilegales continúan representando una amenaza para la cobertura forestal de Yucatán, donde la eliminación de selva para abrir paso a actividades agropecuarias suele ocurrir antes de que las autoridades puedan intervenir, dejando daños ambientales difíciles de revertir.
Aunque la legislación federal obliga a obtener una autorización de cambio de uso de suelo forestal antes de retirar vegetación, en la práctica los responsables suelen actuar primero: desmontan los terrenos, instalan cultivos o infraestructura de riego y colocan a las autoridades frente a un daño ya consumado.
El problema es que una clausura no significa la recuperación inmediata del ecosistema. Cuando la vegetación desaparece, restaurar el terreno requiere años de trabajo, inversión y vigilancia, mientras que en muchos casos las áreas afectadas terminan consolidándose como zonas de uso agropecuario.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene facultades para imponer sanciones, detener actividades y presentar denuncias; sin embargo, enfrenta limitaciones para obligar a los responsables a reparar completamente el daño ambiental provocado.
Para Yucatán, donde la selva representa uno de los principales reservorios de biodiversidad y servicios ambientales, el avance de estos desmontes refleja un desafío creciente: evitar que la pérdida de cobertura forestal se convierta en una transformación permanente del territorio.
