Ningún tribunal agrario del país recibió más asuntos que el de Mérida durante 2025. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2026, el órgano jurisdiccional con sede en Yucatán concentró la mayor carga de trabajo a nivel nacional al registrar 2 mil 301 expedientes, colocándose por encima de todos los tribunales agrarios del país.
El estudio del Inegi revela que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 admitió 2 mil 285 asuntos, equivalente al 4.4 por ciento de los más de 52 mil expedientes ingresados en los 51 tribunales agrarios del país. Con ese volumen, superó a sedes ubicadas en entidades como San Luis Potosí, Estado de México y Veracruz.
La actividad del tribunal yucateco también se reflejó en el número de asuntos concluidos. Durante el año pasado resolvió 2 mil 144 expedientes, la cifra más alta del país, aunque cerró el ejercicio con 903 casos que permanecían en trámite.
En cuanto a las resoluciones emitidas, el órgano jurisdiccional de Mérida ocupó el segundo lugar nacional con 2 mil 277 sentencias, únicamente por debajo del tribunal de Zacatecas. Sin embargo, el presupuesto destinado a su operación fue de apenas 12.8 millones de pesos, monto que lo ubicó en la posición 21 entre los tribunales del país.
El contraste también fue evidente en la Península de Yucatán. Mientras el tribunal de Mérida concentró miles de expedientes, el de Chetumal registró 577 asuntos durante todo 2025. En Campeche, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34-A únicamente reportó actividad correspondiente a enero, debido a que dejó de operar desde el 31 de ese mes.
El censo también muestra que siete de cada diez personas que laboran en el Tribunal Agrario de Mérida son mujeres, incluida la magistrada titular, una proporción superior al promedio nacional registrado en este tipo de órganos jurisdiccionales.
Finalmente, el informe señala que los procedimientos de jurisdicción voluntaria fueron los asuntos más frecuentes en los tribunales agrarios del país, seguidos por las sucesiones de derechos agrarios y las controversias relacionadas con la propiedad y posesión de tierras.
