A casi tres años del cierre de la zona arqueológica de Mayapán, en el municipio de Tecoh, integrantes del ejido de Telchaquillo mantienen su rechazo al proceso de expropiación promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y exigen participar en la administración del sitio, al considerar que la comunidad ha sido excluida de las decisiones y de los beneficios que genera la actividad turística.
El conflicto se originó en 2023, cuando el INAH inició el procedimiento de expropiación de terrenos vinculados a la zona arqueológica como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), asociado a las obras del Tren Maya. Los ejidatarios se opusieron al proyecto al argumentar que la indemnización ofrecida no era suficiente y que perderían cualquier posibilidad de intervenir en el manejo de un espacio que consideran parte de su patrimonio cultural y espiritual.
Gladis Lucero Flores, una de las habitantes que participa en la defensa del ejido, sostuvo que la principal demanda de la comunidad es que se reconozca su derecho a la coadministración de Mayapán y su vínculo histórico con el lugar. Afirmó que para los pobladores no se trata únicamente de una zona arqueológica, sino de un sitio ceremonial ligado a prácticas y tradiciones que, asegura, han sido desplazadas con el paso de los años.
La comunera también denunció que, tras las movilizaciones para impedir la continuidad de trabajos dentro del sitio durante el cierre, ella y otro integrante del movimiento fueron denunciados por el presunto delito federal de obstrucción a las vías de comunicación. El expediente fue promovido por la entonces representación del INAH en Yucatán, situación que, según los inconformes, representa un intento de inhibir la defensa del territorio.
De acuerdo con la versión de los habitantes, desde el cierre de Mayapán la comunidad ha mantenido vigilancia en la zona para evitar el ingreso de personas y prevenir daños al patrimonio, al tiempo que continúa organizándose para informarse sobre el proceso legal y fortalecer la defensa de sus derechos como pueblo originario.
Mientras el litigio permanece sin resolverse, la zona arqueológica continúa cerrada al público y el desacuerdo entre el INAH y los ejidatarios mantiene detenido el acceso a uno de los principales vestigios prehispánicos de Yucatán. El caso también ha reavivado el debate sobre la participación de las comunidades indígenas en la administración y aprovechamiento de los sitios arqueológicos ubicados en sus territorios.
