A casi 48 horas de los hechos, la Fiscalía General del Estado no ha recibido querellas por las afectaciones ocasionadas durante la movilización masiva de repartidores y prestadores de servicios.
Las dos personas detenidas por su presunta participación en la organización de la llamada “Panita Fest”, una broma viral que provocó la movilización de decenas de repartidores de plataformas digitales y otros prestadores de servicios en Mérida, podrían recuperar su libertad en las próximas horas debido a que, hasta el momento, no existen denuncias formales en su contra.
Como se informó previamente en Con una broma estafaron a payasos, mariachis y 40 repartidores al sur de Mérida, la movilización ocurrió luego de que se realizaran múltiples pedidos falsos de comida y otros servicios hacia un domicilio de la colonia Salvador Alvarado Sur, donde los presuntos responsables grababan la reacción de los repartidores como parte de un reto viral difundido en redes sociales.
De acuerdo con información obtenida, ninguna persona ha acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia por las posibles afectaciones derivadas de estos hechos. Por ello, al concluir el plazo constitucional de 48 horas, las autoridades tendrían que dejar en libertad a los detenidos, siempre y cuando no se configure algún otro delito que permita judicializar el caso.
Los involucrados permanecen bajo custodia desde que fueron asegurados mientras presuntamente grababan la llegada de repartidores de comida, mariachis, payasos y otros prestadores de servicios al domicilio donde se desarrollaba la broma.
Los hechos ocurrieron la tarde-noche del domingo, cuando decenas de repartidores comenzaron a arribar al mismo domicilio tras recibir solicitudes de servicio que, posteriormente, se confirmó, eran falsas.
Hasta la tarde del lunes, la Fiscalía no había recibido denuncias de repartidores, comercios o personas afectadas por la movilización, por lo que la situación jurídica de los detenidos dependerá de que se presente alguna querella o de que las autoridades acrediten la comisión de un delito que pueda perseguirse de oficio.
