En Yucatán, el idioma sigue siendo una barrera para muchas personas indígenas que enfrentan procesos legales. Para reducir esa desigualdad, el Instituto Federal de la Defensoría Pública mantiene un esquema de defensa jurídica en lengua maya, con personal que conoce no solo el idioma, sino también la realidad de las comunidades.
Actualmente, tres servidores públicos mayahablantes participan en la atención de casos federales, brindando orientación, asesoría y representación gratuita a personas que, de otra manera, tendrían mayores dificultades para comprender y enfrentar procedimientos judiciales.
La importancia de este acompañamiento quedó reflejada en el caso de habitantes de Telchaquillo que enfrentan acusaciones derivadas de las protestas realizadas en torno a la administración de la zona arqueológica de Mayapán. La defensa incluye la recopilación de pruebas y el seguimiento legal del proceso.
Especialistas en derechos indígenas han señalado que uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia es la falta de atención en la lengua materna de las personas involucradas. Esta situación puede generar desconfianza, desconocimiento de sus derechos e incluso afectar su adecuada defensa.
Por ello, el IFDP apuesta por perfiles que además de hablar maya hayan crecido o trabajado en comunidades indígenas, con el objetivo de facilitar la comunicación y generar una relación más cercana con quienes solicitan apoyo.
En una entidad donde miles de personas tienen al maya como lengua principal, garantizar una defensa legal cultural y lingüísticamente adecuada sigue siendo un desafío pendiente para las instituciones de justicia, pero también una condición necesaria para que el acceso a los tribunales sea realmente igualitario.
