En Yucatán, activistas, especialistas y víctimas de violencia de género advirtieron que la nueva Ley General contra el Feminicidio será insuficiente si no se fortalecen las investigaciones, la prevención y la sensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Aunque el estado ya aprobó la reforma constitucional que permitirá homologar en todo el país la atención e investigación de feminicidios, organizaciones civiles señalaron que el principal problema continúa siendo la falta de aplicación efectiva de las leyes existentes.
Yeritza Bautista, sobreviviente de intento de feminicidio, sostuvo que en México existen protocolos y marcos normativos sólidos, pero afirmó que muchas víctimas siguen enfrentando procesos deficientes, retrasos judiciales y revictimización por parte de las instituciones.
En ese contexto, especialistas en derechos de las mujeres insistieron en que las autoridades deben enfocarse en detectar y atender situaciones de riesgo antes de que ocurran los asesinatos. Señalaron que agresiones previas, desapariciones y denuncias por violencia suelen quedar sin seguimiento oportuno.
El abogado René Ramírez, quien acompaña casos de violencia de género en Yucatán, consideró que la homologación de criterios representa un avance, aunque advirtió que las fiscalías estatales todavía enfrentan retos importantes en capacitación, investigación con perspectiva de género y atención digna a familiares de víctimas.
Además, la Fiscalía General del Estado actualizó recientemente su protocolo de actuación en casos de feminicidio, incorporando medidas para fortalecer el debido proceso, proteger a víctimas indirectas y reforzar la capacitación del personal ministerial, pericial y policial.
Legisladoras locales también coincidieron en que la nueva ley requerirá vigilancia permanente para garantizar su cumplimiento real y evitar que las reformas queden únicamente en el ámbito legal. Activistas recordaron que Yucatán forma parte de las 27 entidades que avalaron la creación de esta legislación nacional.
