El retiro total de 41 mil 570 cerdos y el desmantelamiento de infraestructura marcaron el fin de operaciones de la Granja Porcícola Santa María, en Yucatán, un proceso que se extendió por varios meses tras la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La medida de cierre fue dictada en septiembre de 2025, luego de que la autoridad detectara incumplimientos reiterados en materia ambiental, particularmente por descargas de aguas residuales sin autorización y fallas en el manejo de desechos.
Desde años previos, comunidades mayas y colectivos civiles habían denunciado posibles afectaciones al entorno derivadas de la operación de la granja, lo que colocó el caso bajo revisión de instancias federales.
Tras la clausura, se estableció un programa para retirar de manera gradual los animales y desmontar las instalaciones, el cual se ejecutó entre septiembre de 2025 y abril de 2026 bajo supervisión oficial.
Como parte del proceso administrativo, la empresa Pecuaria Peninsular fue sancionada con una multa superior a 18 millones de pesos, además de quedar obligada a presentar un estudio final sobre el daño ambiental ocasionado.
Dicho documento deberá incluir las acciones de remediación y compensación que se implementarán en la zona, mismas que serán evaluadas y verificadas por la autoridad ambiental en las siguientes etapas del procedimiento.
La titular de la dependencia, Mariana Boy Tamborrell, indicó que este caso responde a un proceso de atención a denuncias sociales y a la aplicación de medidas para la protección del medio ambiente en la región.
