El delito de grooming, que implica la manipulación de menores a través de internet con fines sexuales, se mantiene como una amenaza creciente en Yucatán, en un contexto donde la mayoría de los casos no se denuncia y las estrategias de prevención siguen siendo limitadas.
Aunque esta conducta está tipificada en México desde 2012 y cuenta con disposiciones específicas en la legislación estatal, especialistas advierten que el subregistro es amplio, ya que muchas víctimas no identifican el delito o no cuentan con acompañamiento para denunciar.
Organizaciones dedicadas a la protección de la infancia han documentado casos en los que adultos utilizan identidades falsas en redes sociales para generar confianza con menores, a quienes posteriormente solicitan contenido íntimo o buscan escalar el contacto a encuentros presenciales.
Este fenómeno ocurre en un entorno donde el acceso digital inicia a edades tempranas. En México, más del 60% de niñas, niños y adolescentes dispone de un teléfono inteligente, y el ingreso a redes sociales ocurre en promedio a los ocho años, lo que amplía la exposición a este tipo de riesgos.
A pesar de ello, en Yucatán no se ha consolidado una estrategia pública integral enfocada en la protección de menores en entornos digitales, lo que deja la prevención principalmente en manos de familias y escuelas, muchas veces sin herramientas suficientes.
En paralelo, indicadores como el aumento en casos de violencia sexual y problemáticas de salud mental en población adolescente refuerzan la preocupación sobre los entornos en los que se desarrollan estos riesgos, sin que exista aún un diagnóstico completo del impacto del grooming en la entidad.
