Amnistía Internacional México advirtió que durante 2025 se profundizó la presión contra personas defensoras del territorio en Yucatán, donde comunidades indígenas y activistas ambientales enfrentan un aumento en procesos de criminalización por oponerse a proyectos que consideran una amenaza para sus recursos naturales.
Durante una presentación realizada en Mérida, la directora ejecutiva del organismo, Edith Olivares, señaló que el deterioro en derechos humanos se ha reflejado tanto en el plano internacional como en distintos estados del país.
En el caso de Yucatán, organizaciones civiles expusieron que al menos ocho personas han sido señaladas o enfrentan consecuencias legales por participar en la defensa del agua, del territorio y del medio ambiente en comunidades mayas.
El informe también señala que a nivel nacional persisten problemáticas como desapariciones, violencia contra mujeres, agresiones a periodistas y una creciente militarización de la seguridad pública que ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos.
Amnistía cuestionó además que las recientes reformas sobre derechos de pueblos indígenas aún no garantizan de forma clara el consentimiento libre, previo e informado para las comunidades frente a decisiones que afectan sus territorios.
Ante este escenario, el organismo sostuvo que la organización colectiva y el acompañamiento entre comunidades serán fundamentales para enfrentar un contexto que considera cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos en México.
