El Congreso de Yucatán avaló una nueva legislación que establece un marco integral para la atención, protección e inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en un contexto donde especialistas estiman que en la entidad cerca de seis mil niñas y niños podrían vivir con esta condición.
A nivel nacional, la falta de estadísticas precisas sigue siendo una constante. Especialistas han advertido que, en promedio, una de cada 150 personas presenta TEA, una proporción que permite dimensionar la magnitud del fenómeno en México y subraya la urgencia de políticas públicas sostenidas y basadas en evidencia.
En el caso de Yucatán, estas estimaciones contrastan con la ausencia de un registro oficial estatal sobre personas con autismo, situación que durante años ha limitado la planeación de servicios especializados y que terminó por evidenciar la necesidad de contar con un marco legal específico que garantice atención, inclusión y acompañamiento institucional.
La nueva ley fue aprobada por el pleno del Poder Legislativo con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas, tras un proceso de discusión que incluyó mesas de trabajo, consultas con organizaciones civiles, especialistas y familias de personas autistas provenientes de distintos municipios del estado.
Sin embargo, la sesión legislativa estuvo marcada por diferencias entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional, cuyos integrantes se atribuyeron el impulso y cabildeo de la iniciativa, en medio de señalamientos sobre la autoría y los tiempos en que el tema fue colocado en la agenda parlamentaria.
Desde tribuna, legisladores de ambos grupos defendieron su participación en la construcción del dictamen y coincidieron en que la ley reconoce al autismo como una condición neurodiversa y no como una enfermedad, aunque cada bloque expuso versiones distintas sobre el origen del proyecto y su priorización en legislaturas anteriores.
Más allá de la disputa política, la aprobación de la ley dejó abierta la discusión sobre su aplicación real, en un estado donde las cifras siguen siendo estimaciones y donde el reto no será solo el reconocimiento legal, sino la traducción de ese marco normativo en atención efectiva y accesible para las personas autistas y sus familias.
