La jueza federal Mercedes del Sol Hernández Cetina resolvió el amparo 2113/2025 que detiene temporalmente la operación del booster de la ampliación del gasoducto Mayakan en el fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, Yucatán.
La obra comenzó en agosto de 2024, meses después de que los vecinos adquirieran sus casas. Los residentes denunciaron que la inmobiliaria Grupo Casitas no les informó sobre la instalación de una estación de compresión a menos de 300 metros de sus hogares, asegurando únicamente que podrían construirse bodegas.
El primer funcionamiento de extracción de gas se registró el 16 de octubre y generó un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos; algunos abandonaron sus casas por temor a un accidente. Además del ruido y el polvo, denunciaron problemas de salud entre los niños, incluyendo dolores de cabeza frecuentes.
Ante la situación, los vecinos organizaron protestas el 18 y 19 de octubre y lograron una mesa de diálogo con autoridades estatales, solicitando el cese de la obra y su reubicación. El amparo fue promovido con apoyo legal de la abogada Carla Escoffié y respaldado con firmas recogidas el 29 de octubre.
El recurso legal emplaza al Ayuntamiento de Umán, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a la Comisión Nacional de Energía y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado por no garantizar la manifestación de impacto ambiental ni supervisar la instalación del booster.
El proyecto de ampliación del gasoducto Mayakan, firmado en 2024 entre la CFE y Energía Mayakan de Engie, prevé extender 700 kilómetros de infraestructura y duplicar la capacidad de transporte de gas natural de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios, atravesando Yucatán, Campeche, Tabasco y conectándose con Mayakan en Cactus, Chiapas.
Los vecinos, organizados en la colectiva Yucatán X una Energía Segura, expresaron su preocupación por la seguridad de sus familias y su patrimonio, y cuestionaron la falta de información sobre los riesgos de la obra.
