Habitantes de Santa María Chi y comunidades vecinas se concentraron frente al Centro de Justicia Oral de Mérida para acompañar al comisario Wilberth Nahuat Tun, quien enfrenta un proceso penal promovido por Kekén, filial del Grupo KUO, por la supuesta “privación ilegal de la libertad” de seis empleados durante una protesta realizada hace dos años.
La manifestación reflejó la preocupación de las comunidades por la contaminación ambiental causada por la granja San Gerardo, ubicada a menos de 200 metros de las viviendas. Los vecinos denunciaron malos olores, proliferación de moscas y problemas respiratorios entre niños y adultos mayores, lo que ha afectado directamente su calidad de vida.
Representantes de las localidades de Ixil, Kinchil, Molas, Sisal, Xcucul y Yaxcucul expresaron su solidaridad con Nahuat Tun y recordaron que en sus propias comunidades enfrentan conflictos similares debido a la contaminación generada por otras granjas porcinas. Señalaron que la defensa de la tierra y el agua ha derivado en amenazas, hostigamientos y procesos judiciales promovidos por empresas privadas.
Organizaciones locales, como To’one Ja’o’on, documentaron que Kekén ha acumulado al menos 17 sanciones ambientales y multas por más de 14.7 millones de pesos, sin que se haya garantizado su cumplimiento. La contaminación afecta el agua de pozos comunitarios, confirmada con estudios que evidencian presencia de E. coli y residuos fecales porcinos.
La Profepa clausuró en septiembre pasado la empresa Pecuaria Peninsular en Santa María Chi, por incumplimiento de siete medidas correctivas, incluyendo descargas de aguas residuales sin permiso y falta de caracterización de lodos contaminantes. A pesar de la clausura, los vecinos denuncian que los impactos ambientales persisten y temen que la empresa reanude operaciones bajo otro nombre.
Además de los problemas ambientales, los médicos comunitarios reportan un incremento en casos de salmonelosis, faringitis y dermatitis, así como pérdidas en la apicultura local. En Maxcanú, 29 apiarios perdieron su certificación orgánica debido a la contaminación, afectando los medios de subsistencia de las familias.
El juez otorgó un plazo de 10 días para que la Fiscalía aporte pruebas adicionales; de no presentarlas, la carpeta penal contra Nahuat Tun podría cerrarse. La comunidad espera que la resolución judicial reconozca los derechos de los pueblos mayas y siente un precedente en la protección del territorio y la salud ambiental en Yucatán.
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