Sisal enfrenta un conflicto que va más allá de la marea roja: la venta ilegal de terrenos en la zona federal marítimo-terrestre podría afectar a decenas de familias y al ecosistema local, alertan habitantes de la comunidad.
Vecinos denunciaron que se están ofreciendo lotes ubicados sobre dunas costeras y terrenos protegidos, con precios establecidos y planos de fraccionamiento circulando entre compradores. Según ellos, estas transacciones carecen de validez legal, ya que todo terreno en la franja federal pertenece al patrimonio nacional.
La situación se complica por la instalación de alrededor de 180 palapas a lo largo de la costa, lo que los pobladores consideran una invasión masiva del territorio federal. Además, la venta de lotes sobre la vegetación de la duna implicaría la tala de esta barrera natural, poniendo en riesgo la protección del ecosistema.
Entre los señalados se encuentran el excomisario municipal Miguel Antonio Ek, el actual comisario Joaquín Galaz y Carlos Gerardo Lalo Chocho. Testimonios indican que habrían promovido la entrega de lotes obtenidos en administraciones anteriores y que Chocho afirma ahora poseer títulos de propiedad, cuya legalidad sería nula según las autoridades.
Semarnat y Profepa han intervenido previamente en la zona, ordenando el retiro de construcciones ilegales, incluida una palapa instalada junto al muelle sin permisos ambientales. Las instancias federales recuerdan que la zona marítimo-terrestre no puede ser titulada y que solo se otorgan concesiones bajo estrictas regulaciones.
Habitantes exigen investigaciones exhaustivas y sanciones para quienes promuevan estas operaciones, advirtiendo que, además del daño ambiental, podría tratarse de un fraude masivo. La preservación de la costa y la protección de los derechos de los ciudadanos dependen ahora de la capacidad de respuesta de las autoridades federales.
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