Más de 200 hectáreas de tierra siguen en disputa entre comunidades mayas de Yucatán, quienes reclaman la devolución de sus territorios ante casos de despojo que se arrastran desde hace años. Solo en Mérida, habitantes del ejido Cinco Colonias exigen la restitución de 18 hectáreas usurpadas, así como el pago pendiente por otras 204 hectáreas expropiadas para la construcción del aeropuerto.
En la comunidad de Sahcabá, ejidatarios defienden 120 hectáreas que empresarios pretenden apropiarse a pesar de que un tribunal agrario dictó sentencia a favor de los indígenas. No obstante, estos empresarios han interpuesto recursos legales que prolongan el conflicto y paralizan las actividades agrícolas de la población local desde hace siete años.
Los afectados han llevado su reclamo hasta instancias gubernamentales y confían en que las autoridades estatales y federales, encabezadas por Joaquín Díaz Mena y Claudia Sheinbaum, tomen medidas para frenar estas injusticias. Durante la visita de la presidenta a Yucatán, entregaron documentación que respalda sus demandas, señalando incluso irregularidades en la entrega de lotes con escrituras sobre sus tierras en zonas como la colonia Roble Alborada.
Expertos legales alertan que esta problemática se extiende a otras comunidades yucatecas, como Conkal y Ucú, así como a regiones costeras de Campeche y Quintana Roo. Señalan que personas externas a las comunidades indígenas aprovechan la falta de información y las lagunas legales para comprar terrenos a precios bajos y revenderlos con ganancias considerables, afectando gravemente el patrimonio territorial maya.
El despojo de tierras ancestrales no es una cuestión reciente, sino una continuación de conflictos históricos. La Guerra de Castas, que inició en 1847, fue un levantamiento maya en respuesta a abusos y expropiaciones, y a casi dos siglos de distancia, las comunidades indígenas siguen enfrentando desafíos similares para preservar su tierra y cultura.
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