La organización Unasse advirtió que el Congreso del Estado no ha cumplido completamente con la sentencia judicial que dio origen a la reforma que despenaliza el aborto en Yucatán, lo que impide garantizar el acceso pleno y efectivo a este derecho. Aunque se modificó el Código Penal, quedó pendiente la reforma al artículo primero de la Constitución local, tal como ordenó la autoridad judicial.
Amelia Ojeda Sosa, consejera jurídica de Unasse, explicó que la jueza ya notificó formalmente al Congreso del Estado sobre esta omisión y advirtió que, de no subsanarse, podrían aplicarse sanciones económicas. “La reforma está incompleta, y mientras eso no se resuelva, no hay garantía de acceso para todas”, sostuvo.
Además del seguimiento legal, la organización trabaja en el terreno para que el aborto legal, seguro y gratuito sea una realidad. Esto incluye acompañamiento a personas gestantes, capacitación al personal médico y acciones para asegurar la disponibilidad de servicios de salud dignos y sin prejuicios.
Ojeda señaló que Unasse atiende un promedio de ocho solicitudes de información sobre aborto por semana, y subrayó que esta atención se brinda directamente a las interesadas, sin entregar datos a terceros. “No basta cambiar la ley, se necesita voluntad institucional para que se cumpla”, afirmó.
La organización también participa en redes internacionales como Girls Not Brides, enfocadas en erradicar uniones infantiles y forzadas, prácticas que —según Unasse— vulneran gravemente los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes en la región.
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