La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso de Yucatán pidió que se sancione a quienes resulten responsables de presuntos daños al erario por más de 273 millones de pesos detectados en cinco ayuntamientos. La Auditoría Superior del Estado (ASEY) deberá profundizar en las irregularidades halladas en los informes de la cuenta pública 2023. El exhorto fue aprobado por unanimidad por los diputados de la comisión.
Durante la sesión, se presentó la tercera entrega de informes individuales correspondientes a 48 entes del gobierno estatal, incluidos fideicomisos, organismos descentralizados y 78 municipios. Las anomalías más graves se concentran en cinco alcaldías, que concentran la mayor parte del presunto daño patrimonial detectado por la ASEY.
Celestún encabeza la lista con un posible desfalco superior a los 24 millones de pesos, derivado de tres años sin presentar cuentas claras ni atender las auditorías. Además, el municipio enfrenta una multa de más de 62 mil pesos por incumplir sus obligaciones de transparencia. Esta situación fue considerada especialmente grave por los legisladores.
Otros municipios señalados por la ASEY incluyen a Mocochá, con un daño patrimonial superior a 16 millones de pesos, seguido de Dzemul con 14 millones, Espita con poco más de ocho millones, y Maxcanú con más de siete millones. Todos enfrentan observaciones serias por parte del órgano fiscalizador.
La diputada morenista María Esther Magadán, presidenta de la Comisión, reiteró que los informes deben ser revisados con rigor técnico, imparcialidad y sin demoras. Aseguró que la ciudadanía exige justicia y claridad sobre el destino de los recursos públicos. “La rendición de cuentas no es opcional”, enfatizó.
Finalmente, la legisladora reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con las instituciones fiscalizadoras. Señaló que solo a través de la transparencia se podrá combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana. La sesión de esta comisión coincidió con la de Justicia y Seguridad Pública, donde se analizaron 12 iniciativas legislativas pendientes.
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