Discriminación en el Cereso de Yucatán

Mil 145 personas que están privadas de su libertad en cárceles de Yucatán se dicen parte de algún grupo étnico, y buena parte de ellas señala que recibió un trato desigual y discriminatorio por parte de los impartidores de justicia, atribuible, también según su percepción, a la inexistencia de defensores que hablen su lengua o dialecto.

Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey) y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) firmaron un convenio para que los indígenas presos reciban asesoría y defensa legal en maya.

Tomas López Sarabia, presidente del Consejo directivo de Cepiadet recordó que el país, desde hace tres décadas, ha reconocido el derecho a la población indígena; sin embargo, se ha topado con que, aunque se tenga un marco jurídico amplio, desafortunadamente los derechos de la población indígena no se respetan en los sistemas estatales de justicia.

Afirmó que de la mayoría de los más de siete mil indígenas internos en cárceles del país no cuentan con las garantías adecuadas, entre ellas el intérprete, el defensor o que se observen sus especificidades culturales.

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